Francisco Medrano dejó claro que en modo alguno se opone a las iniciativas desarrolladas por las autoridades para el desarrollo turístico de Pedernales, pero entiende que el mismo no puede ser sobre la base del desmedro de los ayuntamientos, los cuales padecen limitaciones presupuestarias.
Manifestó que con el eventual inicio de las inversiones turísticas en Pedernales, también se incrementará la demanda de servicios a los ayuntamientos y estos no estarán en la capacidad económica de responder.
Del mismo modo advirtió que la cláusula número 42.2 del contrato de fideicomiso Pro-Pedernales entra en contradicción con la Constitución dominicana que en su artículo 200, establece que los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación, además de otros artículos de la propia Carta Magna que definen la administración local como personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, que gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo.
“No podemos desvestir un santo para vestir a otro”, afirmó Medrano, al considerar que los gobiernos locales de Pedernales, Oviedo y los Distritos Municipales de Juancho y José Francisco Peña Gómez aportarán sus riquezas naturales para el desarrollo del turismo, pero sus autoridades quedan impedidas del recaudo de arbitrios por las operaciones que allí se desarrollen.
El contrato del fideicomiso Pro-Pedernales fue aprobado en la Cámara de Diputados el mismo día que se aprobó el de Punta Catalina y está a la espera de ser sancionado en el Senado.
Francisco Medrano propuso que igual como ha ocurrido con Punta Catalina, el fideicomiso de Pedernales sea sometido a profundo análisis antes de su aprobación y lograr que el mismo se constituya en un verdadero instrumento de desarrollo y oportunidades de progreso para las localidades que serán impactadas con el mismo.
