El presidente Luis Abinader afirmó éste jueves que por su naturaleza la Ley de Extinción de Dominio se constituye en una pieza fundamental para atacar la corrupción en República Dominicana.
Al encabezar un acto para la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, Abinader destacó que tanto tiempo costó, sacar esta pieza pero que por fin es una realidad impulsada por el Gobierno y congreso de la República Dominicana.
“Los anhelos del pueblo dominicano y sus reivindicaciones han sido atendidos y se plasman en esta ley, que es mucho más que una norma. Es el compromiso más firme para hacer de este país una nación más justa, más digna, un Estado de derecho.”
Señaló que en lo adelante quien haya cometido un delito, se haya lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora, y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado.
Afirmó la extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales que estamos adaptando en todos los ámbitos y desde el primer día.
El presidente Abinader advirtió , además, que los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la ley de extinción de dominio, incluyendo las relativas a la administración y disposición de los bienes sujetos a este procedimiento, incurrirán en responsabilidad civil, multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta cinco años de prisión, así como en su inhabilitación para el ejercicio de sus funciones.
La Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que permaneció por más de una década en el Congreso Nacional, fue aprobada en única lectura y a unanimidad en el Senado de la República el pasado martes, luego de recibir varias modificaciones en la Cámara de Diputados.
El documento legislativo busca el decomiso de bienes ilícitos en la República Dominicana.
La extinción de dominio constituye una herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales, como el lavado de activos, el tráfico de drogas, la trata de personas, incluyendo inmigrantes ilegales y el proxenetismo, entre otros delitos.
Durante el acto de promulgación el presidente estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de la Presidencia en funciones, Joel Santos, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, quienes asistieron acompañados de varios legisladores.
La normativa, que fue presentada por separado por los senadores Antonio Taveras Guzmán, de la provincia Santo Domingo); Milcíades Franjul, de Peravia; Félix Bautista, de San Juan; Aris Iván Lorenzo, de Elías Piña; y José Del Castillo Saviñón, de Barahona, establece reglamentos para los procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la República Dominicana. Además, define las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación.