El proyecto de ley que regularía los fideicomisos públicos y que fue aprobado este martes en lectura en la Cámara de Diputados para convertirse en Ley debe ser aprobado en un asegunda lectura por los diputados y posteriormente admitido por los senadores.
El proyecto de ley de fideicomiso público ha causado revuelo en diversos sectores de la sociedad y algunos han que la aprobación de esa pieza podría propiciar la privatización de los patrimonios públicos, sin garantizar la transparencia y la institucionalidad.
Con la ley se pretende ejecutar obras o proyectos de infraestructura, además de servicios de interés colectivo bajo la tutela de fideicomitantes con capacidad operativa en los sectores involucrados.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) abogó este martes por que el Proyecto de Ley sobre Fideicomiso Público prevea reglas que impidan que los fideicomisos públicos se conviertan en fuente de desvío para la contratación masiva de personal o para el desprendimiento de actividades que sí son propias del Estado, y que no cumplirían una prueba objetiva que demuestre la necesidad de su realización a través del fideicomiso.
La pieza fue aprobada en primera lectura con 103 votos a favor y 61 en contra, en un despliegue de poder poco común, ya que de la totalidad de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sólo se ausentaron dos integrantes.
El proyecto, sin embargo, fue considerado como ordinario lo que provocó que opositores consideraran la aprobación como ilegal.
Tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo argumentaron no estar en contra de la pieza pero sí opuestos a la forma en que fue aprobada. Estas propuestas y consideraciones también fueron rechazadas.
Las reacciones sobre la iniciativa fueron parecidas en el bloque de la Fuerza del Pueblo, quienes no descartaron emprender acciones legales en caso de que no le sea reinvindicada la condición de ley orgánica a la pieza.
En ese sentido, el vocero del bloque de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Julio Campos, afirmó que la aprobación de la pieza fue una violación a la Carta Magna y señaló que su organización tomará las medidas de lugar a los fines de llevar el tema hasta el Tribunal Constitucional.
