La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, recibió en su despacho a Mérido de Jesús Torres Espinal, quien solicitó una licencia como director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), tras ser mencionado en el expediente de medida de coerción de la Operación Calamar.
Torres informó que acudió ante la procuradora luego de solicitar una cita para hablar de las vinculaciones en su contra, que aseguran que recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, un total de RD$32,065,992, por el pago de unos terrenos donde fungió como abogado.
Dijo, además, que solicitó la licencia del cargo que ocupaba para ponerse a disposición de la investigación que sigue la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) “en caso de ser necesario”.
PGR solicitó certificaciones
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el Ministerio Público se comunicó con la Cámara para solicitar algunas certificaciones y documentos, que ya han sido entregados, del diputado Sergio Moya “Gory”, quien es mencionado como uno de los socios en negocios vinculados al caso Calamar.
«El Ministerio Público se ha comunicado con nosotros para pedirnos algunas certificaciones y lo hemos hecho. Y la Cámara de Diputados nunca va a obstruir cualquier tipo de investigación que se haga sobre cualquiera de sus miembros porque los que somos funcionarios públicos siempre estamos sujetos a que se nos hagan investigaciones», afirmó Pacheco.
Pacheco aseguró que son susceptibles de ser investigados cuando se requiera y “en un momento determinado”.
