MI SENTIR
La Comisión Especial que estudia la reforma a la Ley de Seguridad Social 87-01, ha recibido una propuesta formal de parte de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), para que la edad de otorgamiento de pensiones por vejez sea elevada a los 65 años, en vez de 60 años, como contempla la legislación en este momento.
La propuesta de la ADAFP, está fundamentada en el hecho de que para el año 2030 cuando comenzaran a otorgarse las primeras pensiones por vejez los montos que recibirán los beneficiarios serían muy bajos por los exiguos salarios que devengan en la actualidad, algo por lo cual no deja de tener razón desde ese punto de vista.
Sin embargo, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones y los miembros de la Comisión Bicameral que estudian la reforma a la Ley de Seguridad Social, deberían de sopesar el hecho de que todavía a la fecha en República Dominicana no se ha otorgado la primera pensión por vejez y que las que han sido entregadas por otras razones no superan las 12 mil y que el régimen de pensiones mantiene un monto acumulado de más de RD$ 700 mil millones de pesos, que han sido invertidos en diferentes instrumentos financieros.
De igual manera, deberían tomar en cuenta que el entorno mundial no favorece ese tipo de propuestas si nos enfocamos en las protestas que recientemente se produjeron en Francia, tras el gobierno intentar modificar el régimen de pensiones elevando de 62 a 64 años la edad de otorgamiento de las pensiones y que las expectativas de vida han sido reducidas en Estados Unidos y en otras partes del mundo luego del paso de la pandemia del Covid-19, que ha dejado diversas secuelas en la humanidad.
Como es bien sabido por todos los que conocen del tema de la Seguridad Social, a esas puntualizaciones que hemos hecho, también se agregan las situaciones que han surgido con los regímenes de pensiones en los países que sirvieron de modelo a la Ley 87-01, como fueron Chile y Colombia, los cuales han tenido que introducir profundas revisiones a los mismos para adaptarlos a las circunstancias actuales que vive el mundo.
La reforma a la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana, debe ser llevada en el marco de un consenso en el que todas las partes hagan aportaciones que no perturben la paz social y garanticen la permanencia de todos los actores permitiendo que los afiliados al sistema recobren la confianza y las esperanzas de que en el futuro podrán tener mejores resultados que los que están recibiendo en este momento.
Entendemos la preocupación de la ADAFP, en torno al futuro de las pensiones que se otorgarán a partir del año 2030, pero lo más aconsejable seria que se busquen otros tipos de mecanismos que contribuyan a mejorar los ingresos de los afiliados a las AFP, como por ejemplo gestionar aumentos salariales acorde a la necesidad del mercado, conceder facilidades para aportaciones especiales a las Cuentas de Capitalización Individual, invertir en instrumentos financieros que otorguen mejores tasas de rendimiento y estimular el crédito a las pequeñas y medianas empresas formales para aumentar la cantidad de empleos fijos que garanticen más ingresos de recursos al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Cualquier cosa que se haga, que no sea mejorar las condiciones actuales en que se encuentran los afiliados a los diferentes regímenes de la Seguridad Social en nuestro país, será rechazado y lejos de contribuir a mejorar el clima de distención que debe primar en medio de la presente coyuntura de reforma, lo que provocará es que la sociedad se llene de mayor indignación y termine por abortar cualquier esfuerzo serio que se haga para mejorar la presente situación coyuntural.
Insistir en querer imponer los criterios convenientes a cualquier sector que tenga intereses dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, sería como echarle leña al fuego y alentar a quienes no confían ni tienen esperanzas en el futuro del régimen de pensiones del sector privado para que continúen presionando la entrega de porcentajes de los ahorros mantienen los trabajadores en sus Cuentas de Capitalización Individual.
En definitiva, abogamos por un consenso más justo y humano que permita una reforma a la Ley de Seguridad Social, en el que todos nos sintamos representados y orgullosos del esfuerzo colectivo desplegado en aras de proveer los servicios que demanda la sociedad dominicana en cuanto a la calidad y equidad que la gente necesita para sentirse satisfecha con el bien pagado con su esfuerzo y socrocio personal.
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