Santiago. El Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Policía Nacional pusieron en marcha este martes la Operación Halcón IV en contra de varias organizaciones del crimen organizado, cuyos miembros son investigados por asesinatos y narcotráfico.
La operación contra las redes que realizaban actividades delictivas en el Cibao Central moviliza 71 fiscales, incluyendo de la jurisdicción de Santiago, utilizada como base central de la operación y 1,350 fuerzas especiales policías, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados del país.
Entre los principales investigados figuran Joel Ambioris Pimentel García (a) la J, José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla), Isidro Marcelino Tavares Acevedo (Chicho) y Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog (quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez), Kelvin Manuel Concepción López (a) El Menor.
También, Ángel Pascual García Vásquez (a) Alex Capucha), Alejandro Vidal (a) Alex, Carlos Erik Abreu Ureña, Briayan Rafael Abreu Ureña, Ilich Raymundo Báez Ureña, Jonás Antonio Turbi Molina (a)Jonás, Francisco Rosario Matías, Elimelec Quiñones Calderon, José Miguel Fabián García Sánchez y Luis José Bonilla Santana (a)Viento, Jencil Freund Arias (a) Toro, Deibys Santiago Santiago (a) Fory Two, Kelvin Pablo García Rodríguez (a) Kelvin Fantasma, Allison Moreno Rodríguez (a) Barajita, Luis Amaurys Pimentel García (a) Manito, entre otros.
En la Operación en proceso participan varias unidades aéreas en apoyo a las fuerzas especiales.
Los allanamientos iniciaron a partir de las 3:30 de la madrugada en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega.
Por igual, se realizaron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión.
El Ministerio Público hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación, a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos.
