Días atrás leí la publicación de un decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe la manufactura, el comercio y la venta de artesanías elaboradas con conchas de tortuga Carey y otras especies, instruyendo al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la vigilancia, el monitoreo, la inspección y el decomiso de las especies incluidas en la veda. Esta acción de gobierno constituye un avance significativo y de indudable valor para las generaciones futuras.
Pero, tras avanzar en su lectura, noté que en uno de los artículos finales de ese decreto se dispone el envío del mismo, además del Ministerio mencionado, al ministerio de Turismo, al Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODEPESCA) y a la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR) para su conocimiento y ejecución, omitiendo a la Armada de República Dominicana como receptora del mismo a pesar de sus deberes constitucionales y legales. Esa omisión presumo que fue involuntaria y producto del desconocimiento de la existencia de otro decreto, el No. 309-10 que ratifica a la Armada de RD en su condición de “Autoridad Marítima Nacional” en adición a sus misiones primarias dispuestas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana No. 139-13 y la Ley No. 3003 de 1951, aún vigente, designando a la Armada como Policía de Puertos y Costas.
Sobre ese tenor se me ocurre evocar tiempos recientes donde los borradores de los decretos que tenían que ver con seguridad nacional, orden público y previsiones sobre manejos en la zona marítima/costera y otros asuntos conexos, se enviaban al asesor militar, naval y aéreo del Poder Ejecutivo, con sede en el Palacio Nacional, para revisión y así evitar este tipo de exclusiones.
De ahí la importancia de la asesoría con el dominio de conceptos como el “poder marítimo, el cual se divide en “poder naval”, que implica la defensa y la seguridad marítima; y los “intereses marítimos”, que tratan sobre los aspectos de desarrollo, no bélicos, en temas como la industria naval, la exploración, la conservación de los recursos naturales y su explotación junto a los fondos marinos.
En síntesis, la seguridad y el desarrollo se complementan y configuran el “poder nacional”. La clave radica en delimitar las áreas de responsabilidad en función de capacidades reales, bajo un orden de prioridades y optimizando los recursos, los cuales deben ser usados de forma transparente.
Es oportuno precisar que la Armada maneja la “estrategia marítima nacional”, que consiste en el conjunto de acciones a ser ejecutadas en resguardo de los intereses nacionales en cuanto al dominio marítimo.
La tan esperada “consciencia marítima”, sobre todo en una isla, trata sobre cómo transmitir la importancia del medio marítimo a la población, identificándose con el mismo en su resguardo del mar por su invaluable valor para la economía, como el transporte de cargas marítimas (exportación e importación), la pesca, así como los deportes acuáticos y el esparcimiento.
Es vital para el interés nacional que las instituciones afines del Estado trabajen integradas remando en la misma dirección, pero para tales propósitos es necesario que cada una reconozca sus capacidades y sus limitaciones para que se cumplan los objetivos nacionales.
Las organizaciones gubernamentales del milenio requieren ser conducidas por personas con visión de conjunto y probada experiencia en la materia, la que habitualmente se logra tras una combinación de educación con conocimientos técnicos y años de práctica en el campo de su especialidad.
En el caso de la Armada, la misma no es una institución del gobierno, sino del Estado dominicano —cuyos componentes son permanentes—, lo que asegura la no ralentización en la dinámica estratégica y operacional y la continuidad de los planes y proyectos gubernamentales relacionados con el mar.
Por eso nuestra fuerza naval debe contar con listeza operacional y sus líderes deben ser seleccionados por el perfil de la virtud, el talento y la experiencia, considerando las delicadas responsabilidades que conllevan el mando y sus dilemas. Elegir a los mejores, sobre todo en el delicado ámbito de los uniformados, constituye un desafío para los gobernantes. Hemos podido apreciar notables avances en este campo, a pesar de lo cual existen algunos casos en los que el desempeño de los elegidos ha defraudado a quienes confiaron en ellos, ya que se esperaba ver su mejor versión profesional e institucional.
Y es que los retos y desafíos actuales radican en el cumplimiento efectivo de las tareas encomendadas, con la palabra clave que constituye “la institucionalidad”, que equivale a predecir lo que todo el mundo sabe que se espera de ellos, siempre en busca de la excelencia.
Un gobierno eficaz y eficiente debe contar con buenos capitanes, timoneando en la misma dirección para lograr el desarrollo, el progreso y la seguridad de la República Dominicana, único lugar en el mundo donde no somos extranjeros. ¿Qué mejor homenaje a los héroes restauradores este 16 de agosto que reestructurar el Estado con una tripulación selecta con líderes íntegros, capaces y responsables? Estoy soñando? … ¡Espero que no!
