Por Luis Pérez Casanova
Lo que más debe irritar de la reforma fiscal que promueve el Gobierno es la impunidad frente a ese gran patrimonio adquirido por medio de la corrupción; privilegios como el barrilito de los senadores; exenciones de las que gozan magnates y el derroche de recursos que suponen los procesos electorales.
Pero esas sangrías o irracionalidad son a su vez una buena razón para un control más eficaz del gasto sin necesidad de apretar más de lo tolerable el incremento de las contribuciones, que es siempre el objetivo primordial, que supondrá la reestructuración del sistema tributario. Por lo demás, la revisión es la misma consignada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que también contempla un pacto educativo y otro eléctrico, que no se ha aplicado.
Esas 12 reformas que el Gobierno buscará consensuar con el liderazgo político y todos los sectores son las mismas por las que se pagó un millón de dólares en la última gestión de León Fernández (2008-2012), que planteaba entre sus ejes estratégicos la construcción de un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantice la seguridad y promueva la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo.
Ese estudio, del cual hoy reniega el liderazgo opositor en el marco de su apuesta al caos, también contempla la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.
Durante los Gobiernos de Danilo Medina, que se iniciaron con un incremento parcial en la tasa de algunos productos, no hubo interés, porque se le temía, a discutir la reforma fiscal. Ahora que trata de implementarse, lo sorprendente es que tanto el PLD como Fuerza del Pueblo la satanizan en lugar de reivindicarla como legado en beneficio de la nación.
Por lo provechoso que sin duda resulta para la institucionalidad y la consolidación de un clima de seguridad y confianza el presidente Luis Abinader, que no tiene otros intereses como no sea el bienestar de la población, está decidido a implementar reformas como la de Construcción para blindarla de las apatencias, independizar el Ministerio Público y crear un Ministerio de Justicia, así como la fiscal.
En la nueva fase que transita el país, el momento es el más propicio para abordar esos cambios llamados a mejorar las condiciones de vida de la población. Aunque, por supuesto, persistirá siempre el sabor amargo si no se eliminan los privilegios y se enfrenta la impunidad. Tomado de elnacional.com.do
