Santo Domingo, RD. – Un grupo de organizaciones sociales y económicas del país se reunieron este jueves para consensuar un anteproyecto de ley de Economía Social Solidaria (ESS) y conocer el Código Cooperativo de República Dominicana. Lo hicieron en el Seminario Nacional, por qué es Necesaria una Ley de Economía Social Solidaria en la República Dominicana.
Entre los participantes estuvieron entidades de emprendimientos de economía solidaria, cooperativas, ASFL, organismos de integración, redes, entidades de apoyo y funcionarios de instituciones gubernamentales relacionadas.
El evento fue parte del proceso que llegará hasta la presentación del proyecto de ley ante el Congreso Nacional.
Se realizó en la Facultad de Ciencias Jurídica y Política de la UASD y fue organizado por el IDEAC, Ciudad Alternativa, CE MUJER, MOSCTHA y las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales y Jurídicas y Políticas.
Estas organizaciones buscan como objetivo central, el bien común de las personas y la naturaleza. Entre ellas las ASFL de fomento económico, cooperativas de cualquier tipo, federaciones de cooperativas, mutuales, asociaciones y federaciones campesinas, artesanales, pescadores, de auto- ayuda, de fondos rotatorios, emprendimientos asociativos, redes de turismo comunitario y ecoturismo, asociaciones de producción orgánica y de comercio justo.
Igualmente, asociaciones de gestión de acueductos y de mini y pequeñas generadoras de energía renovables comunitarias, grupos de cuidado de cuencas y áreas protegidas y todas las iniciativas económicas que ponen el bienestar humano y de la naturaleza por encima del lucro y las económicas.
Según un informe elaborado por Instituto de Desarrollo de Economía Asociativa y Cooperativa (IDEAC) para la red de protección INSPIR en el año 2021 en el país, la ESS representaba alrededor 5% del PIB, considerando solo a 1,200 cooperativas, 967 ASFL y 237 organizaciones de Comercio Justo y de productos orgánicos.
Así mismo, el informe expresa que la ESS Bene el potencial de llegar a alrededor del 57% del PIB de 2021, si se incluyen los aportes de los trabajadores y trabajadoras, a través de las remesas desde el exterior, la cooperación internacional no reembolsable, los fondos de pensiones, el trabajo de cuidados no remunerados que realizan fundamentalmente las mujeres y los subsidios monetarios del gobierno.
Ante esta realidad las organizaciones convocantes consideran necesario la aprobación de un marco jurídico y régimen institucional integral que le regule y estimule, a través de políticas económicas que favorezcan su crecimiento, sostenibilidad y garantice la solidaridad en los procesos económicos que incluyen la producción, el intercambio (compra, venta, trueque y donaciones), el financiamiento y el consumo, esté orientado a la obtención del bien común de los humanos y de la naturaleza, que es el fin último de la actividad económica.
