La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba respaldará la próxima semana el nuevo plan de ajuste económico presentado por el Gobierno, el segundo en solo seis meses, en respuesta a la grave crisis que aflige al país desde hace cuatro años.
El Consejo de Ministros ha propuesto una serie de medidas para reducir el gasto público, desde la suspensión de inversiones públicas hasta la reducción de partidas presupuestarias.
Estas medidas se suman a las adoptadas en diciembre pasado, que buscaban principalmente aumentar los ingresos, tanto en pesos cubanos como en divisas extranjeras.
Este artículo ofrece un recorrido por las principales decisiones que afectan al Estado y a las pequeñas empresas privadas, así como un análisis de la compleja situación de la isla, que el propio Gobierno califica de “economía de guerra”.
El producto interno bruto (PIB) cubano se contrajo entre un 1% y un 2% en 2023, según estimaciones oficiales, lo que lo sitúa por debajo de los niveles previos a la pandemia (2019).
La combinación de la pandemia de COVID-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía cubana.
Desde el año 2020, el país ha sufrido escasez de bienes básicos (alimentos, medicamentos, combustible) y apagones frecuentes, además de una creciente dolarización, falta de efectivo y fuertes subidas de precios.
El índice de precios al consumo (IPC) oficial superó el 77 % en 2021 y desde entonces ha oscilado mayormente entre el 30 y el 40 % interanual, mientras salarios estatales y pensiones permanecen estables.
