Santo Domingo. RD. – La sociedad dominicana, acorde a los avances logrados en distintos órdenes, precisa de un Código Penal que supere las limitaciones del código vigente, el que data de 1884, con ligeras modificaciones, acumulando 140 años, resultando insuficiente para responder a la nueva realidad del estado constitucional y de derecho, descrito en el texto constitucional.
Más de veinte años han transcurrido en el que nuestro Congreso Nacional no ha sido capaz de hilvanar una pieza que satisfaga las expectativas de la sociedad, distintas propuestas han resultado controversiales, una de las cuales llegó al Poder Ejecutivo en el 2014, resultando observado por el presidente de la República de entonces, por entrar en contradicción con otras leyes de igual jerarquía y por resultar no conforme con el espíritu de la Constitución Dominicana.
En la presente legislatura a punto de expirar, el Senado de la República aprueba una de las peores versiones de las que se habían consensuado, pasa a la Cámara de Diputados, los que aprobaron una primera lectura, sin el examen reglamentario, sometiéndola a una comisión, cuyo informe permitirá su aprobación y envío al Poder Ejecutivo.
Dada la celeridad mostrada por el Congreso para aprobar la pieza y considerando la importancia de esta ley, dado que se trata del instrumento principal mediante el cual se diseña la política criminal del Estado, nos pronunciamos en favor de la aprobación de una pieza que fortalezca el estado constitucional y de derecho, un código capaz de responder a la complejidad de la sociedad actual, pero nos oponemos a festinar la aprobación de un código punitivo, distante del espíritu democrático de nuestro texto constitucional y negador de derechos.
En este sentido, nos pronunciamos en contra de figuras como las siguientes, presentes en la pieza que se pretende aprobar:
Considerando el impacto causado por la corrupción administrativa en el desarrollo social y económico de nuestra sociedad, nos oponemos a la prescripción de los actos tipificados como prevaricación.
Resulta aberrante e inaceptable el contenido del Art. 14 de la pieza, el que deja fuera la responsabilidad penal de varios entes, entre los cuales se encuentra el Estado y otras entidades que han mostrado recurrentes conductas punibles y abandono de su labor misional, como es caso de la labor pastoral.
Valoramos las condiciones eximente de responsabilidad penal contemplados en el Art. 112 de la pieza, sin embargo, nos resulta insuficiente por excluir otras razones de derecho que asisten a la madre a decidir sobre una circunstancia que atente contra su vida y su salud emocional.
La tipificación del delito de violación sexual concebido en el Art.134 resulta limitada su descripción al considerar que ésta precisa de la penetración para que dicha conducta sea punible ser considerada como tal.
En términos generales el proyecto en estudio inclina la balanza a la culpabilidad, asumiendo que la política criminal debe tener un carácter punitivo, por consiguiente, es notorio su énfasis en el aumento de la pena como factor disuasivo de la conducta criminal, enfoque que ha mostrado no resultar efectivo en la configuración de un estado de derecho portador de paz colectiva y cohesión social. Asimismo, los Arts. 288,289 y 290, si bien estimula la defensa de la propiedad privada, pone en situación de indefensión a comunidades que en el presente han edificado sus casas en terrenos sin un estatus jurídico regular, vulnerando su derecho a un techo y a la ciudad.
Nos solidarizamos con la posición de CONANI y otras entidades en el sentido de cuestionar el párrafo III del Art. 123, por su confrontación directa con aspectos centrales del Art. 12 de la Ley 136-03, sobre derecho de la niñez y el Art. 56 de la Constitución de la República sobre el interés superior del niño, niña y adolescente.
El precedente listado del articulado de la pieza en proceso de aprobación es sólo una muestra que no agota el conjunto de aspectos que lejos de responder a nuestras necesidades actuales, nos retrotraen a épocas superadas, como es el caso de reservar a las entidades castrenses, sus propios tribunales para juzgar los infractores de la ley de sus miembros.
Dada esta situación descrita, instamos al Congreso de la Nación, asumir con responsabilidad la aprobación de un Código que supere el vigente, responda a las necesidades presentes de la sociedad y resulte cónsono con el texto constitucional y fiel al estado de derecho que requiere la sociedad dominicana.
Instamos por igual al presidente de la República que de llegar esta pieza tal y como se ha aprobado en el Senado de la República y se encamina en la Cámara de Diputados, que la misma sea observada y corregidas estas falencias que le conducirían a la muerte inmediata por su no conformidad con la Constitución de la República.
Invitamos a todas las fuerzas vivas de la nación, incluyendo sectores críticos a lo interno del partido de gobierno, a oponernos a la aprobación de un código que lejos de responder a nuestras necesidades colectivas, resulta un caldo de cultivo para seguir socavando las frágiles bases de nuestra cohesión social, mediante una política criminal que nos coloque en épocas superadas.
