En la travesía de la vida hay que saber adaptarse a los resultados de la imparable máquina del tiempo, sobre todo los militares y policías que han dedicado su vida a servir al país. La mayoría con trayectorias intachables, algunos alcanzando los más altos mandos, mientras otros, a pesar de su valía, no han logrado llegar a esas posiciones debido a las complejidades del sistema.
Figuras como Trujillo nos recuerdan un modelo de obediencia ciega y una dependencia casi existencial del uniforme. Esos ecos todavía resuenan, ofreciendo resistencia al relevo generacional y a la alternabilidad en el mando. A esto se suma la intervención de civiles, desconocedores de las interioridades militares, que aunque actúen de buena fe, pueden desdibujar la línea entre el mérito y el favoritismo.
Muchos se sorprenderían al saber que oficiales de apellidos sonoros y de alta incidencia en el ámbito militar dominicano del siglo XX, en su mayoría, culminaron sus carreras con un retiro rondando los 50 años de edad, habiendo servido alrededor de 30 años y, en los casos más excepcionales, alcanzando los 35 años de servicio.
Esto constituye un desafío para las nuevas generaciones, las cuales deben ser el relevo apropiado de oficiales capaces y brillantes, quienes en su mayoría, tras la caída de la dictadura, con ciertos interregnos, han fortalecido, con sus imperfecciones, el actual sistema democrático.
Mientras ciertos oficiales se aferran al uniforme utilizando palancas políticas, otros, capaces e íntegros, desafortunadamente han sido retirados en forma prematura, privando al país de sus valiosas contribuciones e impidiendo en gran medida la renovación y la evolución de las instituciones castrenses.
Debe crearse un marco institucional que garantice que cada militar sepa, desde el inicio de su carrera, cuándo llegará su vuelta a la vida civil, con una pensión digna y un reconocimiento por el servicio prestado.
La lealtad y el verdadero servicio a la patria trascienden el uniforme; se miden por la integridad y la coherencia de las acciones, y no por los rangos y títulos logrados.
Los ascensos, destacando los grados de oficiales generales y almirantes, no sólo deben estar supeditados a la tabla de organización y equipos (TOE), sino también estar sujetos a los más vigorosos parámetros profesionales y éticos.
Cuando un militar alcanza los rangos de oficial general o almirante, debe ser siempre colocado en posiciones acordes con esa jerarquía especial, evitando designaciones que, producto de la presión política, parecerían inventadas y que a veces ridiculizan el rango más elevado y selecto en unas Fuerzas Armadas que deben ser siempre respetuosas de los símbolos y las tradiciones.
Es vital galvanizar la dignidad institucional y personal, reconociendo la valía y los aportes de los dominicanos que han elegido la carrera de las armas.
El servicio activo es solo una etapa en la vida de un militar. La verdadera prueba no es la prolongación en el servicio, sino cómo se puede, al retirarse, seguir siendo un ejemplo para sus relevos.
La fortaleza institucional
La primacía de la autoridad civil sobre la militar es un concepto innegociable, asegurando que las Fuerzas Armadas operen bajo el marco de la legalidad y la dirección de las instituciones democráticas. Para ello, es esencial que los papeles de militares y civiles en el Estado estén claramente delimitados.
Es imperativo que el presidente de la República cuente con mandos militares altamente capacitados, provenientes de la fragua del cuartel, quienes puedan orientarlo, sobre todo, para que los ascensos y designaciones se realicen con base en la meritocracia y los valores castrenses.
Las medidas justas y racionales fortalecen las instituciones y aseguran que las Fuerzas Armadas funcionen de manera efectiva bajo el control civil, valorando su importancia en la protección de la democracia.
Amparándose en la Constitución de la República —Artículo 128, con sus respectivos acápites—, el presidente de la República tiene la facultad de disponer la permanencia de oficiales excepcionales en servicio activo. Esta decisión debe fundamentarse en un análisis estratégico de seguridad nacional, fortaleciendo las operaciones que salvaguardan los intereses del país.
Esta extensión debe ser limitada y sólo aplicada a aquellos oficiales que han sido seleccionados rigurosamente por su capacidad de gestión, integridad y experiencia, comprobadas en el ejercicio del mando.
Ese tipo de medidas extraordinarias garantizan la preservación de conocimientos y habilidades cruciales —preparando apropiadamente a los sustitutos—, en momentos en que la seguridad y el interés nacional lo demanden.
Respetar la Ley Orgánica de las FF.AA.; fomentar la alternabilidad en el mando y el relevo generacional, son fundamentales para fortalecer la institucionalidad. Esta práctica no solo enaltece la carrera militar, sino que también refuerza una de las columnas esenciales de la democracia.
