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Unos tres mil servidores judiciales firman electrónicamente sus documentos, de los cuales 750 jueces y juezas; así como 650 secretarios/as, cuentan con certificados judiciales digitales a nivel nacional, según revela la investigación “Trasformación digital en el Poder Judicial: caso de la firma electrónica”, presentada por Barna Management School, escuela de administración de la República Dominicana.
Esto ha permitido que más de tres millones de documentos firmados por funcionarios judiciales, tengan certificación digital, lo cual se extiende a más de 640 mil trámites y más de 400 mil casos presentados desde el año 2020 a junio de 2024 cuando se presentó la entrega de la investigación.
La investigación de Armando Barrios Ross, profesor titular residente de Barna, revela que el uso de esta herramienta tecnológica garantiza la agilidad de los procesos en ese poder del Estado.
El Poder Judicial es una de las primeras instituciones del Estado en firmar digitalmente, y con la incorporación de esta tecnología; el promedio de duración de rúbrica en los procesos judiciales ha disminuido de unos 2,880 a unos 30 minutos en los tribunales colegiados y unipersonales, representando esto una reducción de casi 100 veces el tiempo promedio para completar la firma de documentos en esos tribunales.
Esta ejecución tecnológica del Poder Judicial inició a principios de 2020 con la implementación del Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 20/24, que aspiraba a introducir firmas en aquellos servicios como el expediente electrónico, las convocatorias, audiencias virtuales, denuncias y solicitudes digitales, entre otras.
Por el Poder Judicial formaron parte del estudio el magistrado Bernabel Moricete Fabián, coordinador adjunto y presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega; Rafael Adolfo Frett, juez de la Corte de Trabajo de San Francisco de Macorís; la magistrada Fátima Veloz, del 10mo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; el director General de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio; y Welvis Beltrán, de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).
Indica el estudio, que la incorporación de la firma digital en la plataforma del Poder Judicial ha generado importantes cambios en las tareas a realizar, tales como: recogida y verificación de firmas, archivo y gestión de documentos y procesamiento de trámites administrativo y jurisdiccionales.
Señala que esto ha permitido alcanzar una mejora continua en la calidad de los servicios judiciales, generando mayor acceso posible a ciudadanos y otros actores del sistema de justicia.
Barna Management School reconoce que el Poder Judicial eficientizó sus estructuras y procesos operativos, introduciendo transformaciones digitales que agilizaron la capacidad de respuesta y soporte a los servicios que ofrece.
En otro orden, los procesos administrativos, como los de la gerencia de compras y contrataciones, encargados de la gerencia de logística y transporte, entre otros pagos de carga fija, se aceleraron con la introducción de los expedientes electrónicos, el intranet para chats institucionales y la firma digital.
Durante su participación, el magistrado Bernabel Moricete explicó que la firma electrónica constituyó un factor preponderante, al tiempo que destacó el optimismo de los jueces, “quienes comenzaron a propagar la idea de que todo era posible y que la tecnología era una herramienta que podía ayudar en medio de la pandemia para que la justicia continuara operando”.
Indica la investigación de Barna, que la firma electrónica y su plataforma, así como la prestación digital de servicios judiciales y administrativos en el Poder Judicial, contribuyen a disminuir los efectos adversos de la heterogeneidad de condiciones, al reducir el tiempo y los costos de desplazamiento de los actores involucrados en procesos.
“El Poder Judicial dominicano está en camino de lograr una transformación digital integral que fortalezca la eficiencia, la transparencia y la equidad en la administración de justicia, cumpliendo así con las expectativas de la sociedad y los estándares internacionales de calidad”, señala la investigación, al tiempo que reconocen el esfuerzo de los integrantes del pleno de la SCJ y de los integrantes del Consejo del Poder Judicial por promover esta iniciativa.
Las palabras de bienvenida al evento estuvieron a cargo de Ellys Coronado, subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura; y Cristina Read, directora Sector Público de Barna. El cierre lo pronunció el señor Paulo Alves, rector de Barna Management School.
