Aumentan la pena de reclusión hasta 30 años para quienes trafiquen con personas
Santo Domingo, RD. -La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, el proyecto de ley que modifica los artículos 3 y 7 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, pieza sometida por el Poder Ejecutivo.
La legislación procedente del Senado, agrega un párrafo al artículo 7, para aumentar las penas de reclusión hasta 30 años para quienes cometan las agravantes que indica el apartado y subir las multas hasta a 400 salarios mínimos del sector público.
A petición de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, el Pleno acogió los cambios a la legislación hechos por la Cámara Alta, sin enviarla a una comisión para que sea revisada. El pliego de ley fue sancionado por los senadores el día anterior.
La solicitud de modificación había sido aprobada primero por los diputados y enviada al Senado, donde fue aprobada con modificaciones, motivo por el cual debió ser conocida otra vez por la Cámara Baja. La ley pasará al Ejecutivo para su promulgación u observación.
Los cambios a la Ley 137-03 tienen el propósito fortalecer la norma en lo que respecta a la persecución de esta manifestación delictiva que afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera desproporcionada, y que son persuadidos para ser sometidos a situaciones de explotación sexual o humana, esclavitud y trabajos forzosos, acciones que representan vulneraciones graves de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los convenios en la materia ratificados por la República Dominicana.
La Finjus exhorta a las autoridades competentes a reforzar mecanismos
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) celebró el conocimiento de la normativa y exhortó a las autoridades competentes a que refuercen sus mecanismos para mitigar el fenómeno de la trata e implementen medidas que frenen la acción “impune” de bandas organizadas dedicadas a la trata y tráfico de personas.
La Finjus considera que la atención debe centrarse en la penalización de todas las organizaciones criminales que se enriquecen con el tráfico ilegal de personas, coartan derechos y amenazan el disfrute de las libertades individuales.
“En el marco del deber ser del Estado, es atribución esencial de las autoridades competentes el perseguir, capturar y castigar a quienes con sus actuaciones vulneren la estabilidad social, el bien común y el desarrollo pleno del país”, dice la entidad en un comunicado remitido a este medio.
“Es un avance crucial para la institucionalidad”
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, está convencido de que la modificación a la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, aprobada por el Congreso Nacional, representa un avance crucial para la institucionalidad dominicana en aras de otorgar protecciones reforzadas a las personas que son víctimas de comercio y tráfico humano.
