La nueva Constitución de la República Dominicana promulgada este domingo 27 de octubre de 2024, se puede decir que en sentido general es un paso de avance para la democracia dominicana, pero no así en lo que tiene que ver con la nueva escogencia del Procurador General de la República.
Luis Abinader cuando llegó por primera vez a la presidencia de la República Dominicana el 16 de agosto de 2020, cumplió con su promesa de escoger un procurador general de la República independiente, que pudiera actuar sin tener que rendir cuentas al Poder Ejecutivo.
En esa tesitura el mandatario designó a la reputada jueza Miriam Germán Brito como procuradora General de la República, y a los procuradores adjuntos, Wilson Camacho y Yenny Berenice Aquino, como director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y directora general de Persecución del Ministerio Público, respectivamente.
En sentido general ese equipo junto a los demás procuradores adjuntos han realizado un trabajo valorado como positivo por una gran parte de la población dominicana, por el combate a la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo esta área, donde el actual gobierno ha sacado buenas notas.
Pese a eso, el Presidente Abinader prometió que en la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Revisora, se contemplaría un procedimiento para escoger al titular de la procuraduría alejado de las influencias políticas, que diera como resultando la escogencia de un funcionario totalmente independiente.
Pero, al promulgarse la nueva Carta Magna, lo que se establece es que el procurador general ya no será nombrado por decreto por el Poder Ejecutivo, sino por el Consejo de la Magistratura tras una propuesta en ese sentido del presidente.
Eso significa, que la diferencia es casi insignificante, porque seguirá siendo el Presidente de la República quien propondrá al procurador general de la República, con la única variante, que su propuesta la someterá al Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo que regularmente actúa de acuerdo a los dictámenes del Poder Ejecutivo.
Por tanto, habrá que tener suerte de que el mandatario de turno no sea otro corrupto más. Otra parte negativa es que el funcionario judicial sería nombrado por 2 años, por lo que, si se porta mal y comienza a “pasarse de la raya”, podría no seguir en el cargo.
En comparación con otros países latinoamericanos, podemos encontrar mejores sistemas para nombrar a tan importante funcionario, que le dan mayor autonomía para actuar de manera independiente aún contra los presidentes de turnos.
Por ejemplo, en el Perú, el artículo 158 de la Constitución dice: “El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable por reelección, sólo por otros dos”
Es por esa razón, que en ese país andino todos los presidentes de los últimos 20 años, han sido investigados, perseguidos o sometidos a la justicia, aún durante el ejercicio de sus mandatos, por corrupción o permitir la corrupción, incluyendo a la actual, Dina Boluarte.
En Bolivia, el artículo 227 de la Constitución establece que “el fiscal General del Estado se designará por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En Brasil el numeral 1, del artículo 128 de la Constitución dice que “El Ministerio Público de la Unión tiene por jefe al Procurador General de la república, nombrado por el Presidente de la república entre los integrantes de la carrera, mayores de treinta y cinco años, después de la aprobación de su nominación por la mayoría absoluta de los miembros del Senado Federal, para un mandato de dos años, permitiéndose una renovación”.
Visto esos y otros casos, entiendo que para un mayor fortalecimiento de la justicia, no sólo se necesita escoger un procurador general de la República con buenos requisitos, capacidad y calidad moral, sino también, que sea percibido como independiente, que el método de escogencia sea lo más alejado posible de la influencia política y que sea creíble por los ciudadanos.
Entonces, por ausencia de esos elementos, creo que el nuevo sistema de elección del Procurador General de la República es más de lo mismo, sigue estando sujeto al criterio del Presidente de turno, quien pudiera ser un hombre honesto, pero también otro corrupto, continúa conteniendo un alto componente político, y por tanto, es un sistema ridículo, decepcionante y un nuevo engaño de la clase política al pueblo dominicano.
El autor es abogado y periodista de la República Dominicana
