El proceso fue declarado de tramitación compleja luego de que el Juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata acogiera de manera completa la solicitud del Ministerio Público
El Ministerio Público obtuvo un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra la imputada Luisa Fernanda González Contreras, quien es vinculada a una red de trata de personas, desmantelada durante la Operación El Círculo.
El juez Romaldy Marcelino Henríquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, impuso la prisión preventiva contra González Contreras y declaró el proceso de tramitación compleja luego de acoger de manera completa la solicitud del Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), que dirige la procuradora de corte Yoanna Bejarán, en colaboración con la Fiscalía de Puerto Plata, dirigida por el fiscal Kelmi Duncan, están a cargo de las pesquisas, que realizan las fiscales investigadoras Carmen Daynisa Rosario Pascual y Patricia Lagombra Polanco.
Este proceso se centra en una red criminal de trata de personas dedicada a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres colombianas traídas a la República Dominicana.
La imputada Luisa Fernanda González Contreras enfrenta cargos tras ser señalada como la principal implicada en la captación de ciudadanas colombianas, transportadas y acogidas en Puerto Plata, abusando de su situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual.
Este caso pone en evidencia no solo la grave violación a los derechos humanos de las víctimas, sino, también, la operatividad de redes criminales que ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestra sociedad, señala el Ministerio Público en la instancia con la solicitud de medida de coerción.
Como resultado de las investigaciones y evidencias presentadas, el Ministerio Público, representado en audiencia por el fiscal Marcos Wilkins Díaz, estableció la vinculación de la mujer con los hechos que se les imputan.
La imputada enfrenta cargos por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, al artículo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.
Esta operación fue posible, gracias a un trabajo conjunto entre la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico llícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de Puerto Plata, la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), el Departamento Homeland Security Investigations (HSI) y la Policía Preventiva de Puerto Plata, con el apoyo de la ONG Anti-Trafficking Buereau (ATB).
