Neyva, Bahoruco.- A la luz de la reciente jurisprudencia y de las disposiciones constitucionales, el exdiputado Rafael Méndez manifiesta públicamente su respaldo a la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que reconoce el derecho de todo ciudadano y ciudadana a presentarse como candidato o candidata a cargos de elección popular sin la obligación de afiliarse a un partido político.
“La obligatoriedad de la afiliación partidaria para optar por un cargo de elección popular no solo contraviene la libertad de asociación y la libre determinación de la persona, sino que además vulnera un derecho fundamental consagrado en los instrumentos internacionales y en nuestra propia Constitución,” enfatiza Méndez.
El exdiputado subraya que este criterio del Tribunal Constitucional está en plena consonancia con los preceptos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), cuyo Artículo 25 establece el derecho de los ciudadanos a ser elegidos “sin restricciones indebidas” y a participar libremente en la dirección de los asuntos públicos de su país.
Asimismo, recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en su Artículo 21, consagra el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país y a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. Dicho instrumento internacional, aunque no es un tratado de ratificación obligatoria, ha sido reconocido de manera universal por los Estados miembros de las Naciones Unidas incluyendo la República Dominicana como base del sistema global de protección de los derechos humanos.
“Es oportuno recalcar que nuestra Constitución, en su artículo 22, reconoce el derecho a elegir y ser elegido. Esa garantía fundamental, reforzada por la jurisprudencia constitucional y por la adhesión de la República Dominicana al PIDCP y a los valores de la DUDH, confirma que ningún ciudadano puede ser obligado a pertenecer a un partido político para ejercer su derecho a optar por un puesto electivo en el Estado,” señaló Méndez.
El exdiputado concluye haciendo un llamado a las instituciones públicas y a la clase política para que se realicen las modificaciones legales necesarias, o se apliquen adecuadamente las ya existentes, de modo que este derecho fundamental sea plenamente ejecutable y accesible para todos los dominicanos y dominicanas, sin distinción alguna.
