Los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump firmó una serie de decretos que apuntan a transformar al gobierno federal. Varios de ellos fueron relativos a inmigración, uno de los principales temas durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca.
Uno de esos decretos, denominado Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, apunta a redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento, el proceso que garantiza a todos los nacidos en Estados Unidos obtener automáticamente la ciudadanía.
La medida, con el potencial de afectar a muchos inmigrantes, ha despertado polémica. Incluso ya fue impugnada por dos docenas de estados y ciudades gobernadas por demócratas —incluidas Washington y San Francisco.
¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por nacimiento —conocida también por su nombre en latín, ius soli— es un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos por el que se concede automáticamente la ciudadanía a cualquiera nacido en el país, incluso si sus padres no son ciudadanos.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, indica el texto constitucional.
La ciudadanía por nacimiento se diferencia del ius sanguinis —o por derecho de sangre—, que otorga la ciudadanía en función de la ciudadanía de uno o más padres.
En los sistemas de derecho civil, como son los de la mayoría de naciones europeas, el principio dominante es el de derecho de sangre. Sin embargo, muchos países también adoptan una combinación de ius soli y ius sanguinis, garantizando la ciudadanía a niños nacidos en el país y a aquellos nacidos de padres que son ciudadanos, pero viven en el extranjero.
Alrededor de tres decenas de países otorgan ciudadanía automática a personas nacidas en su territorio, incluidos los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, y la mayoría de los países de América del Sur.
¿Qué dice el decreto firmado por Trump?
“La 14ª Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos”, señala el texto publicado y firmado el lunes. Y continúa: “La 14ª Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en Estados Unidos, pero (que) no ‘están sujetas a su jurisdicción’”.
En esa frase de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. en la que se ha basado Trump para firmar el decreto sigue a algunos partidarios de línea dura en materia inmigratoria que han argumentado en el pasado que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por lo tanto, no deberían ser considerados ciudadanos.
En esta foto de 2011, un bebé alcanza una bandera estadounidense durante una ceremonia de naturalización en Nueva York.
El decreto, que dice que entrará en vigor para los niños nacidos después de 30 días de la promulgación, se aplica en circunstancias en las que los padres están ilegalmente en el país, o en situaciones en las que la madre se encuentra allí temporalmente, con una visa, por ejemplo, y el padre no es ciudadano.
Expertos legales eran escépticos antes de esta semana de que tal argumento fuera aceptado en los tribunales, argumentando que originalmente la frase estaba dirigida a los hijos de diplomáticos extranjeros que estaban sujetos a las leyes estadounidenses y a situaciones en las que una nación extranjera ha invadido y está ocupando parte del país.
