“Donde termina el mérito, comienza la corrupción”.
—Montesquieu—
El clientelismo es una de las prácticas políticas más arraigadas en la República Dominicana.
Ha funcionado como un engranaje clave en la maquinaria del poder durante décadas, facilitando la construcción de lealtades políticas a través de la distribución de empleos, contratos y beneficios a unos pocos.
Ha distorsionado los principios democráticos y es percibido como un mecanismo de supervivencia ante un Estado que no logra satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía.
Este fenómeno, complejo y multifacético, plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de nuestra democracia y las posibilidades de superar un modelo político que refuerza desigualdades estructurales.
Se ha arraigado en el país gracias a configuraciones de poder político que perpetúan la dependencia en vez de fomentar la autosuficiencia.
No se ha priorizado preparar a la juventud para convertirse en ciudadanos productivos y capaces de generar sus propios recursos.
En lugar de enseñarles a pescar, el sistema ha favorecido la práctica de regalar el pez, lo que refuerza la dependencia de las dádivas estatales limitando el desarrollo sostenible de la sociedad.
Desde la época trujillista hasta las administraciones modernas, los dirigentes políticos han utilizado el clientelismo para ganar elecciones y para consolidar su control sobre instituciones claves.
En este contexto, las relaciones personales y las conexiones políticas pesan más que las normas institucionales o los méritos individuales.
Uno de sus aspectos más preocupantes es el impacto en la institucionalidad democrática. En lugar de fortalecer entidades productivas y eficientes, las debilita, transformándolas en vehículos para beneficio personal y partidario.
Erosiona la calidad del servicio público y fomenta una percepción de injusticia que debilita la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Se ve justificado por una realidad socioeconómica desigual.
En un país donde amplios sectores de la población viven en condiciones de pobreza, las ayudas clientelistas representan, para muchos, la única forma de acceso a recursos y oportunidades.
Desde la entrega de una caja de alimentos hasta la promesa de un empleo temporal, estas prácticas impactan en las vidas de las personas, especialmente en épocas electorales. Para quienes enfrentan carencias diarias, es una forma de sobrevivencia.
Ello plantea un dilema moral y político: ¿Es el clientelismo una respuesta ante la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos? o ¿perpetúa las mismas condiciones que lo tornan necesario?
Al observar sus efectos a largo plazo, no resuelve las desigualdades estructurales del país. Las refuerza manteniendo a la ciudananía dependiente de los favores políticos y no empodera a los ciudadanos para exigir políticas públicas universales y sostenibles.
La profesionalización del servicio público, la implementación de sistemas de transparencia y rendición de cuentas, y la promoción de una educación cívica orientada a la participación ciudadana, son ejemplos de medidas que pueden modificar la lógica clientelista.
En nuestro caso, estas transformaciones requerirían de voluntad política y presión de la sociedad civil para romper con un modelo que beneficia a pocos a costa de muchos.
El clientelismo es un reflejo de las fallas del sistema político del país. Aunque puede ofrecer soluciones inmediatas en un contexto de necesidades apremiantes, su impacto negativo a largo plazo supera con creces sus aparentes beneficios.
Para construir una democracia sólida y funcional, nuestro país debe abandonar este modelo de parches sociales y apostar por soluciones que prioricen la equidad, la transparencia y la justicia social.
El desafío es monumental, pero imprescindible si queremos un país donde el poder político se convierta en un motor de progreso colectivo al servicio de los ciudadanos que le otorgan su representación.
