En toda república de mar y tierra, el uniforme militar representa no solo la autoridad legítima del Estado, sino también el compromiso sagrado con la defensa de la Constitución y el orden establecido.
En las últimas singladuras de nuestra vida nacional, hemos avistado una peligrosa deriva: cuerpos no militares —bomberos, guardianes municipales, empresas privadas y hasta aspirantes a héroes— han comenzado a vestir uniformes que, a la distancia, asemejan los de nuestras Fuerzas Armadas.
Esa mimetización, que podría parecer inocua, socava un principio esencial: el monopolio legítimo del uso de la fuerza, confiado únicamente a instituciones que han jurado servir, proteger y obedecer la ley, aún en mares tormentosos.
Cuando un civil confunde a un general de bomberos —sin con esto querer minimizar esa noble función— con un oficial general o almirante, o a un policía municipal con un oficial superior de línea, no solo se trastoca el protocolo: se relaja la vigilancia, se desarma la percepción pública de autoridad y se abre la escotilla al caos disfrazado de orden.
En nuestra cultura, el uniforme impone respeto, y cuando es usado sin control ni reglamento, puede prestarse a abusos y usurpaciones que erosionan el contrato social y contaminan la imagen de quienes, con honor, defienden la patria.
Esta es una llamada al timón de la inteligencia preventiva.
Es momento de alzar la voz, revisar las leyes y los reglamentos y trazar nuevamente las coordenadas de la autoridad visible.
Porque no hay seguridad sin claridad de mando, ni respeto sin distinción.
Y en esta mar de confusiones, las instituciones que ostentan el “monopolio” de la violencia deben de ser faro de seguridad .
El uniforme no se improvisa. Se gana. Se honra. Se respeta. Pero debe ser resguardado por el imperio de la ley.
