Con o sin paz, piden resolver otras «pesadillas» en Colombia

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Las frondosas montañas de Cajamarca, disputadas años atrás por guerrilleros y paramilitares en el centro de Colombia, albergan uno de los yacimientos de oro más grandes de Latinoamérica, pero el proyecto amenaza con claudicar.
 
Mientras el Gobierno apenas se recupera de su derrota en un plebiscito que buscaba avalar un acuerdo de paz con la guerrilla, el proyecto de La Colosa, con un potencial de 28 millones de onzas y de 2.000 millones de dólares en inversiones, tiene su futuro atado a otra consulta. Y todo indica que la comunidad votaría en contra por preocupaciones ambientales.
 
El emprendimiento es el más grande de los tres de AngloGold Ashanti en el país, en los que ya ha invertido unos 900 millones de dólares durante más de una década sin que aún hayan comenzado a producir. Su caso es un claro ejemplo de las dificultades que mencionan los inversores a la hora de invertir.
 
Si bien el presidente Juan Manuel Santos apostó todas sus fichas al proceso de paz como una manera de atraer inversiones y explotar amplias áreas del país detenidas por un conflicto armado de más de medio siglo, un eventual fin de la guerra interna no sería suficiente para seducir a los capitales.
 
Factores que generan incertidumbre como la percepción de inseguridad jurídica tras recientes fallos judiciales que pueden anular acuerdos previos con el Gobierno, las consultas populares y la alta carga impositiva son mencionadas por empresarios de la minería, el agro y el petróleo como «pesadillas» para invertir.
 
«A mí díganme cómo son las reglas del juego y yo me ajusto a ello, las analizo y tomo la decisión si hago las inversiones en el país o no, pero no me digan en la mitad (del camino) que no es constitucional», dijo Juan Camilo Nariño, Director de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti.
 
En el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial, Colombia se ubica en el puesto 54 en el ránking sobre facilidad para hacer negocios frente al lugar 52 que ocupaba en el reporte del 2015. El listado considera a 189 países.
 
La consultora Patricia Gamba recuerda que en el 2009, en pleno auge de los precios del oro, habían unas 150 empresas que estaban explorando. Hoy quedan menos de 30.
 
«La inestabilidad jurídica, la incertidumbre social y ambiental básicamente están vetando los proyectos», dice.
 
La canadiense Eco Oro detuvo por dos años su mina Angostura, en el noreste del país, tras la incursión en la zona de la guerrilla. Luego la retomó hasta que la Corte Constitucional declaró la mitad del área del proyecto zona protegida.
 
«Si uno sabe que va a trabajar en un área compleja entonces sabe que va a tener seguridad privada o un convenio con el ejército que tiene un costo. Lo crítico sin lugar a dudas es la certeza jurídica», dijo su presidente, Mark Mosely.
 
«Hemos invertido más de 240 millones de dólares y la triste realidad es que no hemos extraído ni una onza de oro», afirmó.
 
La situación no es distante a la del vecino Perú, donde existen al menos 200 conflictos sociales y las protestas han postergado o retrasado varios proyectos mineros, principalmente por el reclamo de pobladores por mayores beneficios de la explotación de los recursos y el temor a la contaminación.
 
«El debate lo tenemos claro, ellos van por su oro, nosotros vamos por defender nuestro suelo», dijo Guillermo Jaramillo, alcalde de Ibagué, aledaño a Cajamarca, que llamó a un referéndum para ver si la población está de acuerdo con proyectos mineros, una nueva potestad que tienen desde mayo las comunidades locales para aprobar o rechazar emprendimientos.
 
Cajamarca también anunció que realizará su propia consulta.
 
ÁREAS POR EXPLORAR
 
Con optimismo y antes del rechazo del acuerdo de paz en el plebiscito, Santos estimaba que el pacto con la guerrilla podría adicionar entre uno y 1,5 puntos de crecimiento a la economía y triplicar la inversión extranjera directa a unos 36.000 millones de dólares en 10 años, clave para compensar la desaceleración derivada del desplome de los precios del crudo.
 
Según estimaciones oficiales, cerca de la mitad del país no ha sido explorada en materia minera, petrolera ni agroindustrial por la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La nación ve oportunidades en oro, cobre, coltán, esmeraldas, tugsteno y otros metales preciosos.
 
Uno de los elementos con el que la cuarta economía de América Latina confía en mejorar su ambiente de inversión es una reforma tributaria, que busca aliviar la carga a las empresas y aumentar la recaudación en otros tributos como el IVA.
 
La carga impositiva para los empresarios en Colombia en muchos casos supera el 50 por ciento, frente al 25 por ciento en Chile o el 27 por ciento en Perú, según cálculos de analistas.
 
Pero el proyecto tributario podría tener dificultades en el Congreso tras la derrota de Santos en el plebiscito sobre el acuerdo, al que había apostado casi todo su capital político.
 
TIERRAS EN CONFLICTO
 
Como parte de un programa de restitución de tierras, nacido antes del acuerdo de paz, algunos campesinos que trabajaron la tierra por años ahora deben devolver sus campos a sus dueños anteriores, familias desplazadas por el conflicto interno.
 
«Se han presentado situaciones por malas interpretaciones de algunas normas que han estado generando mucha inseguridad jurídica», dijo Jens Mesa, presidente del gremio de Palma de Aceite, Fedepalma, que representa a muchos campesinos.
 
Según la Unidad de Restitución de Tierras, en los últimos cinco años se han regresado 200.000 hectáreas a campesinos y existen otras 600.000 hectáreas en proceso en los juzgados.
 
En algunos casos los predios fueron vendidos a empresarios por testaferros de paramilitares o guerrilleros con títulos de propiedad obtenidos por la fuerza o irregularmente en un país en donde menos de un tercio de los propietarios rurales poseen escrituras.
 
Hace un par de años la mayor cementera del país, Argos, tuvo que devolver 6.600 hectáreas que resultaron ser de desplazados. La empresa argumentó haberlos adquirido de buena fe.
 
«Esa sería una pesadilla para cualquier empresa», dijo Sergio Guzmán, estratega de Control Risk, que analiza riesgos políticos, de seguridad e integridad, durante una charla con empresarios colombianos y estadounidenses.