Nuevo procurador ante el gran reto de acabar con criminalidad

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El recién juramentado procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó en sus primeras declaraciones que a la “criminalidad le llegó su hora” y que librará una “política contra el crimen verdaderamente inteligente, integral y estratégica, sin dejar cabos sueltos”.
 
Si Rodríguez cumple sus palabras se convertirá en el primer incumbete de esa cartera en lograr lo que para muchos parece una utopía y algo que nunca sucedería en la República Dominicana.
 
Pues resulta difícil pensar, aunque no imposible, que en este país los funcionarios, jueces y administradores del Estado, implicados en algún acto de corrupción reciban su merecido.
 
Sin embargo, ya el nuevo procurador dio su palabra empeñada de que combatirá la criminalidad, por lo que el pueblo espera que los jueces que reciben grandes sumas de dinero por parte de narcotraficantes que buscan ser favorecidos con sentencias que les facilitan su libertad o les otorgan prisión preventiva por garantía económica sean castigados y eliminados del sistema de justicia.
 
Además de combatir al propio sistema judicial, Jean Alain Rodríguez tendrá que llegar a las últimas consecuencias para que los acusados de recibir un soborno de 5 millones de dólares para la compra de 8 aviones Super Tucano paguen por su delito.
 
Asimismo, se deberá investigar la acusación del exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), Alberto Alcibíades Holguín Cruz, de malversar más de RD$190 millones durante su gestión desde el 2012.
 
De acuerdo a la Procuraduría Especializada en Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Holguín Cruz maniobró, alterando y encubriendo su participación accionaria en cuatro (4) compañías y una fundación, entidades jurídicas en las que ocultó su participación, vínculos financieros y comerciales, con el propósito consumado de obtener capital fresco para sí mismo y terceros.
 
Se recuerda que en el 2015, el entonces procurador general Francisco Domínguez Brito, soltó una bomba cuando dijo que personas no identificadas tenían una estructura mafiosa que operaba a lo interno del Poder Judicial.
 
Más tarde, se apresó a los magistrados Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, quienes guardan prisión domiciliaria, por recibir sobornos para favorecer a narcotraficantes. Este lunes, el exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, declaró que ha solicitado formalmente asilo político en la sede de la Nunciatura Apostólica, tras declararse “un perseguido político del presidente Danilo Medina, y del legislador Reinaldo Pared Pérez, actual presidente del Senado”.
 
Arias Valera dijo que se encuentran en la Nunciatura, donde llevó un documento en el que solicitó que le acojan la petición de asilado político al papa Francisco.
 
Meses después se acusó a los jueces José Dionisio Duvergé Mejía, juez de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo; Víctor Mejía Lebrón, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo y Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo por incurrir en la misma falta.
 
Ya el Bloque Dominicano para Derechos Humanos (BDDH) solicitó a Rodríguez, que realice un estudio del accionar de los fiscales de manera particular para que determine la calidad del personal humano del que dispone el Ministerio Público para que realice una “profilaxis” en ese organismo que tienda a mejorar el servicio que ofrece a la sociedad y los nuevos fiscales descontinúen la práctica de violar los derechos de los ciudadanos.
 
Estos casos y los próximos que vendrán serán tareas pendientes y ojalá que superadas para el nuevo procurador que desde ya prometió erradicar la criminalidad en la república Dominicana.