Rousseff apela OEA mientras el Senado avanza destitución

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Brasilia.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones, apeló a la OEA en un intento de suspender el proceso que le puede costar el cargo, mientras aguarda que se fije la fecha definitiva del juicio aprobado por el Senado.
 
La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, el cual explicó que la mandataria aparece entre los firmantes en calidad de «víctima» de un proceso «ilegal».
 
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige a ese organismo de la OEA una medida cautelar que «suspenda» el juicio político, hacia el que el Senado ha dado un nuevo y casi definitivo paso.
 
Esta madrugada, el pleno del Senado aprobó por 59 votos frente a 21 un informe que acusa a Rousseff de irregularidades fiscales, con lo cual el proceso se encamina hacia su conclusión.
 
La última fase será una nueva votación en el Senado, en el que sus 81 miembros decidirán si finalmente la mandataria es destituida, para lo cual será necesaria una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios), superada con cierta holgura esta madrugada.
 
La fecha para esa última sesión será fijada en los próximos días por la Corte Suprema, que deberá convocarla para fines de este mismo mes.
 
Frente a lo que parece la inminente destitución de Rousseff, los diputados del PT afirmaron que van a «pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y que se restablezca en el país la normalidad democrática».
 
La defensa de Rousseff, así como la demanda presentada a la OEA, niegan los cargos contra la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
 
Sin embargo, la defensa sostiene que en ninguno de esos casos hubo una «participación directa» de Rousseff ni hubo dolo, que en su opinión serían requisitos fundamentales para sostener la acusación.
 
Desde junio pasado, la CIDH tiene como secretario ejecutivo al brasileño Paulo Abrao, quien ocupó el cargo de secretario nacional de Justicia durante la gestión de Rousseff.
 
En mayo pasado, antes de que Abrao asumiera ese cargo, la CIDH se pronunció sobre la situación de Brasil y expresó «preocupación» por algunas medidas adoptadas por el presidente interino, Michel Temer, quien sustituye a Rousseff desde ese mismo mes.
 
Aunque no se refirió directamente al proceso, el comunicado de la CIDH sí citó el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una aparente crítica al juicio político.
 
Ese artículo dice que «la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público» y «se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto».
 
Mucho más enfático ha sido el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien visitó dos veces a Rousseff antes de que fuera suspendida para expresarle su plena solidaridad.
 
En una de esas visitas, en abril pasado, Almagro declaró que el juicio contra Rousseff tiene un marcado tono «político», carece de «certezas» jurídicas y siembra «dudas» entre los miembros de la OEA.
 
En ese marco, también subrayó que «no existe una acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas», lo cual consideró «insuficiente» para llegar a una destitución en un régimen presidencialista.
 
Con la acción iniciada hoy ante la CIDH, Rousseff se suma a su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, que también le ha dado dimensión internacional a sus problemas con la justicia brasileña, que le investiga por sospechas de corrupción.
 
Hace dos semanas, el expresidente llevó esos asuntos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene sede en Ginebra y ante el cual denunció la «persecución política y judicial» que dice sufrir en su país.