Justicia dominicana se compra y se vende como mercancía

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Otra vez el sistema de justicia nacional se extremese con la noticia de que tres jueces de diferentes juzgados del país recibían cuantiosas sumas de dinero por parte de narcotraficantes que buscaban ser favorecidos con sentencias que les otorgaban la libertad o les variaban la prisión preventiva por garantía económica.
 
Entre los magistrados implicados en corrupción está José Dionisio Duvergé Mejía, juez de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo, quien habría recibido 25 mil dólares como dádivas a cambio de alterar la prisión preventiva impuesta a Julio Alfredo Rondón Abreu, detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas con heroína, por una garantía económica y una hipoteca a favor del Estado dominicano.
 
También se le acusa de aceptar de Francisco Javier Batista, alias Flow, un millón de pesos para interceder en pos del canje de medida por violación a la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas de José Martín Cortorreal Ramírez, a fin de que obtuviera su libertad en la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo.
 
Otro de los magistrados implicados es Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, supuestamente, sabía sobre la negociación de las sentencias y por ello solicitó que le transfirieran de jurisdicción.
 
Además está Rosó Vallejo Espinosa, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, acusado de variar medidas de coerción por dinero.
Se recuerda que en el 2015, el procurador general Francisco Domínguez Brito, soltó una bomba cuando dijo que personas no identificadas tenían una estructura mafiosa que operaba a lo interno del Poder Judicial.
 
En ese momento, Duvergé Mejía, Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón fueron acusados junto a Awilda Reyes Beltré y el exconsejero Francisco Arias Valera de recibir sobornos de entre US$250,000 y hasta RD$1 millón para modificar las medidas de coerción a imputados de narcotráfico.
 
Actualmente, Reyes Beltré y Arias Valera están bajo arresto domiciliario desde enero pasado.
 
El pasado 3 de mayo fue destituido el juez de la Instrucción de Constanza, Juan Antonio Lazala Bautista, por cometer faltas graves y resultar culpable de violar los artículos 66, numeral 1; 44; numeral 7 y 41, numeral 2 sobre Carrera Judicial; así como los principios: Conciencia funcional e institucional, honestidad, legalidad y prudencia, establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial. Además los artículos 5,6,7,8,10, 11, 12, 43, 74, 75 del Código Iberoamericano de Ética Judicial.
 
Otro hecho que causó revuelo en la población fue el acaecido el 5 de abril, cuando el Consejo Superior del Poder judicial suspendió provisionalmente a la jueza interina de la Romana, Aristilda Mercedes Rodríguez, por otorgarles la libertad pura y simple a cinco venezolanos apresados con 359 kilos de Cocaína.
 
Todos estos casos lleva a pensar que lamentablemente, el sistema de justicia del país está podrido, al punto de que no guarda prisión el culpable de cometer un delito; sino aquel que no tiene dinero para comprar su libertad a jueces, que no le importan si al otro día los implicados incurren en el mismo crimen.