Espías argentinos buscan recuperar el poder perdido

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Las 17 grabadoras especiales de discos funcionan sin parar en la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC) de Argentina registrando escuchas telefónicas, que en el pasado han sido cuestionadas por haberse usado muchas veces para espionaje interno y extorsiones.
 
Esos discos tan comunes eran una herramienta clave de los espías argentinos, que quedaron en el ojo de la tormenta el año pasado tras la resonante y misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, en cuya intriga se vieron envueltos. La agencia de inteligencia perdió entonces el control de las escuchas y sufrió una fuerte restricción en el uso libre de fondos.
 
Pero ahora, con un nuevo Gobierno, los antiguos «servicios» -como se conoce en Argentina a los agentes- buscan recuperar su poder, que usaron en el pasado para perseguir a opositores y hasta para golpear a los propios Gobiernos, advierten organizaciones sociales y fuentes judiciales.
 
Tras la derogación de una norma regulatoria por parte del presidente Mauricio Macri, que asumió en diciembre, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tiene desde mayo menos restricciones para usar fondos de forma reservada.
 
Además, el oficialismo dijo recientemente que evalúa dejar en manos del servicio de inteligencia otra herramienta clave y polémica como las escuchas telefónicas, actualmente bajo la vigilancia de la Corte Suprema.
 
«Me preocupa en términos institucionales, me preocupa en cuanto a la democracia» que se analice devolver a los espías el control de las escuchas, dijo a Reuters el director de la DCC, Juan Rodríguez Ponte, quien asumió su cargo hace pocos meses.
 
Con el oscuro antecedente de haber participado en la represión ilegal que dejó miles de desaparecidos durante la sangrienta dictadura de 1976-1983, la agencia argentina de inteligencia cuenta en su haber con numerosas acusaciones.
 
Algunos resonantes casos de corrupción de las últimas décadas mostraron que el dinero para los sobornos había salido de la agencia de inteligencia, que cuenta con un presupuesto de 100 millones de dólares para este año.
 
Las operaciones mediáticas y las persecuciones judiciales contra opositores fueron moneda corriente en las últimas décadas, según distintas fuentes que conocen el funcionamiento de la agencia, al igual que los «carpetazos», como se conoce a la extorsión que se realiza sobre algunas personas importantes con datos obtenidos ilegalmente.
 
Después de mostrar los inmensos equipos informáticos usados para intervenir líneas telefónicas -mayormente en relación con casos de narcotráfico- y las salas donde policías armados con auriculares escuchan conversaciones ajenas frente a una pantalla, Rodríguez Ponte dijo que ahora «esto es transparente».
 
«Queremos terminar con el período de oscurantismo que tuvo este sistema», agregó, explicando que antes nadie controlaba el sistema de escuchas. Hasta el 2015, era casi imposible ingresar al edificio de siete pisos de la DCC y los espías trabajaban en oficinas separadas que no tenían contacto entre sí.
 
Pese a las presiones denunciadas por la sociedad civil, las escuchas siguen bajo el mando de la Corte Suprema y sería necesario un cambio normativo para que pasen a manos de la AFI.
 
Sin embargo, existe una profunda preocupación en organizaciones sociales y parte de la oposición por el funcionamiento del servicio de inteligencia.
 
«Haber derogado ese régimen de fondos es una regresión normativa y hasta el momento el Poder Ejecutivo no explicó por qué lo hizo», señaló Paula Litvachky, experta de la ONG de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sobre la medida que le quita a la AFI restricciones en el gasto.
 
Una alta fuente de la AFI aseguró a Reuters que el cambio en el uso de fondos del organismo busca volver más eficiente a la agencia y que el traspaso de las escuchas a sus manos no está actualmente previsto.
 
«La AFI es de los mayores mitos: débil, sin capacidad operativa. Lo que hagan fuera, es otra cosa», dijo una fuente del Gobierno.
 
CLANDESTINIDAD
Aunque usualmente estaban al servicio de las autoridades de turno, los espías argentinos se volvieron tan poderosos que ganaron autonomía frente a los Gobiernos.
 
«Muchos políticos creen que se pueden servir de esto. No entienden nada, mañana van contra ellos. Si uno se vale de una persona que hace operaciones clandestinas, mañana esa persona va a tener un mejor comprador y va a ir contra uno. Eso pasó en los últimos años», aseguró un fiscal bajo condición de anonimato.
 
La DCC tiene cerca de 140 empleados y 3.000 líneas telefónicas intervenidas, cuyas grabaciones son registradas en discos compactos.
 
Pero además de las escuchas oficiales, que deben contar con la autorización de un juez, los agentes que ocuparon la DCC hasta el 2015 -que en muchos casos se mantienen en actividad en la AFI- se dedicaban a interceptar llamados de forma ilegal.
 
Una forma sencilla de hacerlo era agregar el número deseado a las líneas que el juez pedía intervenir -mediante un escrito- a la empresa operadora de telefonía. Nadie sospechaba nada porque eran los propios espías los que controlaban el proceso.
 
Una fuente que en el 2015 ocupó un lugar jerárquico en la DCC no descartó que los espías, que eran los únicos que manejaban los sofisticados equipos de informática, tuvieran sus propios medios para realizar escuchas.
 
«Había negocios (particulares). Había demoras para entregar (a las autoridades) los CDs con las escuchas porque también se vendían de forma particular. El rumor era que el CD salía 800 dólares, 1.000 si venía desgrabado», dijo la fuente, que prefirió que no se revelara su identidad para evitar represalias.
 
El agente Antonio Stiuso, que con el seudónimo de «Jaime» estaba a cargo de las escuchas, fue uno de los principales acusados por el espionaje interno de los últimos años.
 
Su nombre saltó a la fama tras la muerte del fiscal Nisman, con quien trabajaba codo a codo en la investigación de un atentado terrorista que en 1994 dejó 85 muertos en Buenos Aires.
 
Luego de la aparición de Nisman sin vida en enero del 2015, en un caso aún no esclarecido, la entonces presidenta, Cristina Fernández, restringió el uso libre de fondos de la AFI y puso las escuchas en manos de la Procuración, que depuró el organismo.
 
Al asumir en diciembre, Macri pasó a la Corte Suprema el manejo de la DCC, donde aún trabajan algunos agentes que dejarían su puesto en los próximos meses, en una nueva depuración tras la purga del año pasado.
 
Pero los agentes, concentrados en la AFI, ya han logrado recuperar parte de su antiguo poder.
 
«Hay gente que estaba antes que está volviendo» a la agencia de inteligencia, dijo la fuente que se desempeñó en la DCC.