Diciembre parece despedir el año 2015 entre convulsiones fuertes que deben ser irrepetibles en la historia nacional. La sociedad observa consternada los hechos de violencia y, encima, los casos de los jueces suspendidos indignan, porque resulta absolutamente dudoso que experiencias así puedan ocurrir en un sistema judicial.
El procurador General Francisco Domínguez Brito denunció ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Los nombres de los magistrados colmaron los medios nacionales de prensa y no pudo ser mayor el asombro ante estas “graves irregularidades”, absolutamente incompatibilidades en el ejercicio de las funciones de quienes, dadas sus investiduras, deben proteger al país de tales actos ilícitos.
Ahora, el abogado Tomás Castro dijo que someterá a la justicia, en los próximos días a 102 fiscales de todo el país por faltas graves en sus funciones y aunque no amplía detalles, acusa al propio Domínguez Brito, de “conocer y no hacer nada para corregir esa anormalidad dentro del sistema de justicia”.
¿Será que se desmorona la implacable diosa de la balanza y su poder se corroe indefectiblemente?
¿Se desmorona la justicia?
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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