Guatemala.- Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala conocerán acerca de la acción interpuesta en favor del defensor de los derechos de su pueblo al agua, Bernardo Ermitaño López, confirmaron dirigentes indígenas.
La vista oral y pública para analizar la eventual violación de los derechos constitucionales del preso político de Santa Cruz Barillas, en el departamento noroccidental de Huehuetenango, tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre en la sede del órgano encargado de velar por el respeto a la carta magna.
De acuerdo con el abogado defensor Benito Morales, la determinación de acudir a la Corte de Constitucionalidad en este caso responde a una estrategia de defensa penal frente a la criminalización de los líderes de los pueblos que se han puesto al frente de la defensa del territorio y los bienes naturales.
López fue acusado hace dos años por el Ministerio Público de atentado, coacción, amenazas, instigación a delinquir, obstrucción a la acción penal y plagio, en virtud de una demanda de la empresa Hidro Santa Cruz, filial guatemalteca de una transnacional española que ejecuta proyectos hidroeléctricos al norte de Huehuetenango.
Miembros del Consejo de Pueblos Mayas (CPO) recordaron que el líder social santacruceño e integrante de esa organización civil destacó como facilitador e interlocutor de diálogo entre las instituciones gubernamentales y las comunidades en esa región y en Barillas.
En esa zona, explicaron, las poblaciones locales se oponen a proyectos gubernamentales presuntamente orientados al desarrollo pero implementados sin respetar la debida consulta a los pueblos indígenas o la determinación de estos de negarse a aceptar esas obras en sus territorios.
Violaciones de los derechos humanos y medioambientales tuvieron lugar en medio de la realización de esos planes y López fue de los más valientes denunciantes de tales hechos, señaló la Fundación Internacional para la Protección de los/las Defensores/as de Derechos Humanos.
El proceso judicial abierto contra el defensor del agua se basa en acusaciones falsas y pese a la presión social para acabar con esa irregularidad, el sistema de justicia tardó hasta ahora en hacerlo por el aplazamiento intencionado de audiencias programadas para evaluar el caso, maniobras de los jueces y otras acciones.
Magistrados evaluarán caso de defensor del agua en Guatemala
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