Panameños molestos por lentitud en procesos contra expresidente

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Panamá.- La lentitud en los procesos judiciales contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) exacerba hoy los ánimos de los panameños que desean un pronunciamiento de los tribunales acerca de la culpabilidad o no de su anterior mandatario.
 
Casi 20 días después de que el magistrado-fiscal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz decidió acusarlo por escuchas telefónicas ilegales y solicitó para él 21 años de prisión, su colega, el magistrado de garantías Jerónimo Mejías, aún no se pronunció sobre el caso, ni tiene plazo establecido para hacerlo, según el diario La Estrella.
 
Mientras, nuevos hechos se acumulan en el Ministerio Público y la CSJ donde directamente responsabilizan a Martinelli, sus familiares y allegados, como el último escándalo que estalló, relacionado con presuntos turbios negocios vinculados al desarrollo de hidroeléctricas.
 
En medio de las fiestas patrias de esta semana, el expresidente intranquilizó a la opinión pública local con declaraciones a la cadena estadounidense CNN, donde negó que existieran causas en su contra, y que las escuchas ilegales no ocurrieron, además de que no pudieron encontrar irregularidades en sus cuentas bancarias.
 
Ataques contra el actual presidente Juan Carlos Varela y la reiteración de que es víctima de persecución política, conformaron sus declaraciones, que curiosamente no contaron con preguntas incómodas, tan habitual con otros temas en el mencionado medio televisivo.
 
Las reacciones fueron diversas en Panamá, donde recordaron la decena de casos que esperan decisión en la CSJ y otros tantos donde se habla de supuestos sobornos, comisiones y las opiniones que en el gobierno anterior hubo una red de corrupción.
 
En el escrito acusatorio por las escuchas que niega Martinelli, el magistrado Díaz señala que «por órdenes impartidas por el entonces Presidente de la República y Presidente del Consejo de Seguridad Nacional» (CSN) se hicieron interceptaciones ilícitas de las comunicaciones a ciudadanos panameños desde el edificio de la CSN.
 
Hay «suficientes elementos de convicción que acreditan el hecho punible» y la vinculación del exgobernante con los delitos señalados, afirmó el letrado en el auto de 30 páginas, donde se llama como testigos a varias decenas de personas, entre ellos uno protegido identificado con el número 8430145.
 
Pero lo dilatado de este y otros casos, que coincide con la estrategia de la defensa de prolongar los procesos con tecnicismos, pone a prueba a la Justicia de Panamá -a juicio de analistas- que hasta el momento ha concluido uno solo de los múltiples casos de alto perfil en casi un año, y tiene la lupa de la sociedad sobre ella.