Después de varias semanas de espera, finalmente la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó este miércoles los resultados del informe de la visita realizada a la República Dominicana y Haití, con el fin de evaluar los alcances del Plan Nacional de Regularización de inmigrantes y confirmar las supuestas repatriaciones masivas llevadas a cabo por el gobierno dominicano.
En los resultados presentados por Luis Almagro, secretario general de ese organismo, se reconoce el derecho que tiene la República Dominicana de implementar su propia política migratoria.
No obstante, la OEA entiende que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad e indica que las autoridades de Haití respetan el derecho de República Dominicana; sin embargo, señalaron que cualquier traslado de ciudadanos debe llevarse a cabo según los estándares internacionales previamente establecidos y consensuados.
En tal sentido, la Misión ha recomendado facilitar el diálogo entre ambos países. Pide que se organice un encuentro en el lugar más apropiado y aceptado por ambas partes, el cual se compromete a facilitar, con el fin de encontrar vías de solución a las dificultades presentes.
La OEA también plantea una serie de recomendaciones y observaciones a implementarse por ambos países para que fluya el diálogo y el entendimiento en el tema migratorio.
Opiniones encontradas
Tras conocerse el informe, el embajador de Haití ante la OEA, Bocchit Edmond, dijo que «con un espíritu de paz» acepta la decisión de la misión técnica de ese organismo.
Destacó durante su participación en la Asamblea de la OEA: “Haití toma nota del informe y desea reafirmar su posición por un entendimiento entre ambos Estados, que tenga en cuenta las normas internacionales en relación a las repatriaciones de los nacionales que viven en situaciones irregulares en la República Dominicana”.
Insistió en decir que Haití tiene la voluntad inquebrantable de trabajar con las autoridades dominicanas y con la comunidad internacional para buscar una vía pacífica de la crisis migratoria o controversia que se ha suscitado.
En tanto el embajador de la República Dominicana ante la OEA, Pedro Vergés, declaró que será estudiado a fondo el informe presentado ante el organismo.
De su lado, el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró que el informe hace causa común con la ofensiva diplomática haitiana en sus ejes centrales, al validar que existen ciudadanos en riesgo de quedar sin nacionalidad reconocida “apatridia”, a sabiendas de la falsedad de dicha acusación, de conformidad con lo establecido por la Constitución de Haití, que señala que los hijos de haitianos son haitianos nazcan donde nazcan.
“Haití acusó ante el mundo y ante la OEA a la República Dominicana de desatar una crisis humanitaria en Haití en capacidad de desestabilizar la región. Nos acusó de torturadores, de persecuciones y maltrato producto de repatriaciones masivas. La Misión de la OEA vino a comprobar si eso era verdad o mentira. Y sin embargo, han guardado silencio cómplice y bandidesco, dejando ante el mundo esas infamias contra nuestro pueblo sin desmentirlas”, expresó Castillo Semán.
Prosiguió: “La OEA llama a la farsa de “diálogo binacional” que durante dos años mantuvo la República Dominicana de mojiganga, sin repatriar a nadie y con la frontera abierta de par en par. Es obvio que el objetivo central es que no haya repatriaciones para seguir invadiéndonos impunemente. No hay nada que negociar con Haití sobre el tema de las repatriaciones. Hay un protocolo firmado entre los dos países de 1999 que responde a los estándares internacionales. El llamado al diálogo para esos fines es una tomadura de pelo contra RD para que no pueda ejercer su derecho soberano a las repatriaciones de ilegales”, concluyó Castillo Semán.
Asimismo, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, sostuvo que el sector que representa esperará la respuesta del Gobierno dominicano en torno al informe para luego opinar al respecto.
Sin embargo, agregó que el documento desmonta que no hay una crisis humanitaria ni deportaciones masivas, como tampoco casos de apatridias, y mucho menos un problema con la documentación de los ciudadanos haitianos. Empero dijo que en las recomendaciones, el reporte de la OEA muestra que no guardan relación las recomendaciones que se hacen con los resultados.
Mientras que el presidente Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Campos de Moya, se mostró de acuerdo con el diálogo que sugiere el organismo internacional; pero, entiende que debe darse con respeto y que las dos partes se sienten a conversar, a fin de buscarle solución al problema entre ambos países.
Afirmó que hasta que Haití no asuma una posición responsable, no puede haber una conversación por más que lo llame la OEA, ya que la responsabilidad es de ambas naciones.
Gobierno fija posición
El Gobierno dominicano declara que el informe de la OEA demuestra que las acusaciones contra el país son falsas. No obstante, observa que no existe correspondencia entre el contenido descriptivo del informe, y el conjunto de conclusiones y propuestas que plantea.
Precisa que las conclusiones y recomendaciones parten de premisas no sustentadas por el propio informe, por ejemplo, la “situación humanitaria” y sugiriendo la necesidad de una mediación entre ambos países para resolver “disputas migratorias.
“La República Dominicana reafirma que no ha solicitado ni requiere la intermediación de la OEA por entender, primero, que no existe actualmente un conflicto entre ambos países que amerite tal cosa”, explica el documento enviado a los medios.
Aclara que la política migratoria dominicana y sus mecanismos de aplicación son de la exclusiva competencia de “nuestro Estado y no son objeto de negociaciones”. Recuerda que existen los mecanismos de diálogo bilateral entre ambos países, y que se podrán restablecer tan pronto como el Gobierno haitiano deponga su actitud de desacreditar a la República Dominicana, como método de evasión de su responsabilidad para con la población haitiana».
Finalmente, el Gobierno dominicano reiteró su compromiso de seguir trabajando por la debida identificación y regularización de quienes habitan en su territorio, y por la protección y garantía de los derechos de todas las personas.
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