Por ser un país insular, República Dominicana está sujeta a daños graves a causa del cambio climático, lo cual debe ser tratado con carácter de urgencia y las autoridades ambientales de este país lo saben; por tal razón han reducido drásticamente el uso de sustancias que agotan la capa de ozono y tomado otras importantes medidas.
La nación ha cumplido a tiempo y de manera eficiente todas las obligaciones del Protocolo de Montreal, que tiene como finalidad la conservación y protección de la capa de ozono en la región.
El Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (Cnccmdl), destacó la importancia de una alianza público-privada para la implementación del Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (Plan Deccc), con el que se busca convertir a República Dominicana en un modelo regional de desarrollo sostenible.
El ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, instó a países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, StKitts, St Lucia, a proteger la estratosfera terrestre en América y el Caribe.
La agricultura, el agua para el consumo humano, la energía eléctrica, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los asentamientos humanos y el turismo, son los sectores que corren más riesgo en el país a consecuencia del cambio climático.
República Dominicana ha vivido un intenso proceso de reformas como parte de la estrategia del Gobierno de hacer del cambio climático un tema prioritario dentro de la agenda de desarrollo sostenible del país.
La nación dominicana asumió el junio pasado la presidencia pro témpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la cual abordó una agenda para Región Centroamericana en esa dirección.
El doctor Bautista Rojas Gómez enfatizó que el tema medioambiental demanda respuestas contundentes de mediano y largo plazo que incluyan trabajar con énfasis sobre el cambio climático y la gestión de riesgos. Considera que el propósito consiste en garantizar el desarrollo regional sostenible.
El estudio “Programa de Protección Ambiental”, realizado por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), indica que un grave problema es que el 60% de la población dominicana, de unos 10 millones de individuos, está concentrado en zonas urbanas en continua expansión y en su mayoría ubicadas en áreas costeras o de elevado riesgo de recibir los efectos de eventos meteorológicos extremos.
El país está predestinado a los ciclones tropicales, eventos meteorológicos que se distinguen por la abundancia e intensidad de las precipitaciones y por los vientos y oleajes fuertes.
El informe arrojó que entre las provincias más vulnerables del país, con niveles de alto a muy alto, se encuentran Pedernales, Barohuco, San Pedro de Macorís, Barahona, Elías Piña, El Seibo, Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Peravia, Monte Cristi y Valverde.
En el rubro de la agricultura se espera, si no se toman medidas necesarias, una sequía en las provincias de Elías Piña, Independencia, Pedernales y El Seibo, a causa de la baja capacidad de adaptación, tanto en términos de desarrollo humano de las poblaciones, la carencia de sistema y la amplia difusión de cultivos en pendiente elevada.
El renglón está propenso a inundaciones en las áreas ocupadas alrededor del Yaque del Norte y Sur, el Yuna y el Ozama y en las provincias Monte Cristi, Valverde, San Juan, Barahona, Bahoruco, Duarte, Azua, Peravia, Monte Plata y María Trinidad Sánchez.
En tanto que un porcentaje reducido de abastecimiento de fuentes de energía renovable, las largas horas sin electricidad y altos consumos energéticos, provocan que Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Monseñor Nouel sean sensibles a los efectos del cambio climático.
Recomendaciones
El primer paso para prevenir los posibles desastres ante el cambio climático es mejorar el sistema educativo nacional, elevando el nivel cultural y la conciencia de las personas. Inducir soluciones locales basadas en la participación de grupos comunitarios, así como la descentralización tanto de la producción como de los consumos y servicios.
Indispensable es fomentar modelos económicos alternativos, donde la reducción de los consumos no sea considerada un elemento de crisis del sistema productivo y social. También es importante implementar acciones enfocadas en la reducción de causas de degradación del suelo.
Es impostergable poner en funcionamiento una agenda medioambiental conjunta entre los países que integran la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), con la finalidad de enfrentar de manera eficaz las amenazas naturales que podrían derivarse de los fenómenos del cambio climático.
Adaptación obligada
El pueblo de Boca de Cachón, que fue reubicado debido a que la crecida del lago Enriquillo ocupó gran parte de su territorio, afectando las viviendas y los medios de vida de sus pobladores, es un ejemplo de una medida de adaptación obligada producto del cambio climático.
Así lo afirmó Omar Ramírez Tejada, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático (Cnccmdl), y coordinador de la delegación dominicana que participa en la Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc) que se realizó en la capital peruana.
Al disertar en el evento “Adaptación al cambio climático en América Latina: hacia un abordaje transformacional”, desarrollado como parte de las actividades paralelas a la COP20, el funcionario informó que en el nuevo pueblo de Boca de Cachón se reubicaron unos 3,000 habitantes en 537 viviendas de 62 metros cuadrados construidas en un solar de 625 metros para que el resto del terreno puedan utilizarlo para labores agrícolas como medio para el desarrollo de empleos sostenibles.
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