Medina está atado, no ha podido mover cúpula PLD

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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A medida que pasan los días, la población dominicana se siente menos optimista sobre la destitución de funcionarios que han sido señalados por la población como corruptos o inoperantes, y que el presidente Danilo Medina haga “justicia” sobre el particular.
 
Resulta que esos servidores públicos no “bien vistos” por diversos sectores se han constituido en una especie de camisa de fuerza para el jefe de Estado, debido a que forman parte del Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
 
Uno de los señalados por la población y a quien le tienen sus días contados es al ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, por los atropellos que según se dice ha cometido contra muchas glorias del deporte dominicano, a quienes ha llegado, incluso, a despojarlos de seguros médicos y ayudas de hasta 5 mil pesos.
 
Otro funcionario de la Administración Pública, considerado arrogante y prepotente, es el superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, del que se ha dicho que hasta ha desafiado a las autoridades (como fue el caso de la factura que se negaba a pagar por consumo energético a Edesur).
 
De igual forma está “bailando en la danza de los que se deben ir” el ministro de Interior y Policía, José Ramón (Monchi) Fadul, quien no ha quedado bien parado en lo concerniente al control de las armas de fuego, negocios de bebidas alcohólicas, entre otros asuntos propio de sus funciones; también Marino Vinicio (Vincho) Castillo, presidente de la Comisión de Ética Pública y asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez.
 
El otro grupo de miembros del Comité Político del PLD que la gente se pregunta por qué continúan “guisando” en el Gobierno, pese a declarar sus aspiraciones presidenciales para las elecciones del 2016 son: Juan Temístocles Montás (Temo), quien se desempeña como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo , así como Francisco Javier García, ministro de Turismo.
 
Diversas entidades de la Sociedad Civil han manifestado su preocupación porque algunos aspirantes puedan valerse de sus cargos para hacer uso y abuso de los fondos públicos en la campaña.
 
El pasado lunes, el presidente Danilo Medina realizó por decretos algunos cambios y nuevos nombramientos en entidades públicas, encontrando poca reacción positiva en la población, que consideró que el jefe del Estado “remeneó las ramas de la mata”, no así el tronco, al disponer solo cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, deponiendo al reformista Carlos Morales Troncoso por el peledeísta Andrés Navarro.
El cambio de canciller era una especie de “crónica de una muerte anunciada”, ya que se hacía obligatorio el cambio de Morales Troncoso, debido a que hacía mucho tiempo venía padeciendo de problemas de salud.
 
El pasado 16 de agosto, el presidente Danilo Medina cumplió dos años de haber asumido la Presidencia de la República, pero desde un año antes, grupos de los diferentes sectores de la sociedad dominicana han demandado del mandatario cambios de quienes no cumplen correctamente en las tareas que se les ha asignado.
 
Es bien recordada la multitudinaria concentración multisectorial que tuvo lugar el 13 de agosto del 2013 en el Parque Independencia de la capital, donde cientos de personas exigieron al presidente Medina destituir a algunos funcionarios de la administración pública y ser más agresivo en la persecución de la corrupción administrativa.
 
En un comunicado conjunto en la actividad organizada por Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa(PC), Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Justicia Fiscal, entre otras entidades, exigieron la destitución de Marino Vinicio Castillo; Jorge Félix Minaya, ministro de la Juventud; Kirsys Fernández, de Conani; Víctor Campusano, subjefe de la Policía Nacional, Andrés Van Der Horst, director del Consejo Nacional de Competitividad, y Jorge Zorilla Ozuna, del Instituto de Estabilización de Precios( Inespre).
 
También pedían la cancelación del director del Instituto Hidráulico (Indrhi) Olgo Fernández y del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.