El Tribunal Superior Administrativo fijó para este viernes 8 de agosto a las 9 de la mañana, el conocimiento de la acción de amparo elevado por la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu), Fundación Justicia y Transparencia (FJT), y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (Cadolec), contra la Dirección General de Aduanas y su director, por el anuncio de cobro de impuestos a las compras menores de 200 dólares que se realizan por Internet.
Las instituciones citadas elevaron el lunes 4 del corriente mes la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, por el anuncio de que a partir del 15 de agosto, las compras menores de 200 dólares se le aplicaría un impuesto.
Felipe Herrera, Presidente de Asodecu, condenó la irracionalidad e imprudencia de la medida anunciada por el director de Aduanas, desconociendo la autoridad del Poder Ejecutivo y usurpando funciones del Congreso Nacional, y de paso cargando a amplios sectores del país con más y más impuestos.
El amparo depositado se fundamenta en la amenaza e inminencia de diversas violaciones, evidenciadas en las pretensiones del titular de Aduanas cuando anunciara y reiterara a los medios de comunicación su decisión de gravar con impuestos ilegales todos las compras generada vía el comercio electrónico, independientemente del valor envuelto en la operación.
Las instituciones también alegan como sustento de la referida acción la inminente violación de varios instrumentos legales, entre lo que citan, el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005; la Ley 277-12, la Ley 358-05, sobre derechos del consumidor o usuario; los Arts. 93, numeral 1, letra a) y 53 de la Constitución, el primero estableciendo la capacidad y facultad exclusiva del Congreso para crear impuestos, y el segundo consagrando la protección de los consumidores o usuarios, como un derecho fundamental.
Asimismo se expresa el Tratado de Libre Comercio “DR-Cafta”, que en su capítulo 11.13.1 letra d), crea entre diferentes “Compromisos Específicos”, el que ninguna de las partes, ni de Centroamérica ni de República Dominicana «adoptará o mantendrá ninguna restricción a los servicios de envío urgente que no se encuentre vigente en la fecha de suscripción de este Tratado».
Herrera emplazó a la Defensoría del Pueblo y a Pro-Consumidor para que jueguen su rol en beneficio del respeto a los derechos de la colectividad, al tiempo de anunciar que demandará a ambas instituciones en intervención voluntaria para que sean parte del referido proceso, y que de cara al país definan acciones y fijen posición.
