Retaliar no, ajusticiar

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Duele hondo y se siente como propio el sufrimiento de los familiares de la segunda teniente de la uniformada, adscrita a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), Mercedes del Carmen Torres Báez, quien fue asesinada mientras cumplía su deber por dos desaprensivos delincuentes en medio de un asalto.
 
Sufre hasta el menos sensible ante el caso de  la joven arquitecta Francina Hungría, quien quedó ciega como consecuencia del disparo recibido en su cabeza, cuando otros criminales intentaban  sustraerle su vehículo.
 
La lista se torna ya interminable y demasiado fuerte para familiares y sociedad en conjunto. Nadie está seguro, nadie deja de pensar en cómo andar por las calles de una nación cuya nobleza está siendo aplastada por la maldad delictiva.
 
Pero, a todo lo anterior no puede unirse la “institucionalización” del  “darle pa bajo” a delincuentes, porque sería como volver a las cavernas o retroceder en tiempos que gracias a Dios han sido superados en República Dominicana.
 
No se trata de tomar la venganza por propias manos y mucho menos que la Policía Nacional considere arbitrariamente “si darle pa arriba o pa abajo”. Las banderas se deben levantar con el fortalecimiento del sistema judicial, de la voluntad política, como tanto se ha dicho, y con políticas preventivas articuladas y reforzadas mediante acciones que logren extirpar desde la raíz el mal, no cortando ramas que se multiplican en el cieno de un delito que cada vez crece como bola de nieve.
 
Seguridad y justicia son palabras mágicas que el Gobierno dominicano requiere enaltecer, con la consiguiente legislación y cumplimiento de la ley.
 
El politólogo Daniel Pou asegura con razón que  el argumento de “darle pa´ abajo”  a los delincuentes no resuelve el tema de la violencia delincuencial y la seguridad ciudadana, “porque muchas de esas ejecuciones no se corresponden más que para romper la cadena de información en las que hay policías y personas de influencia implicadas”.
 
Mejor fortalecer el Código Procesal Penal y robustecer las leyes que amparan una sociedad que lucha, por encima de todo, por su democracia.