Entre sanciones y distensiones

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Quizás algo aletargadas consideran algunos las decisiones del Presidente de la República, Danilo Medina, con respecto a la Ley de Naturalización, mediante la cual el gobierno pretende definir el estatus de miles de haitianos a quienes la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional (TC), no les reconoce la nacionalidad dominicana. Pero, no hay que olvidar que “las cosas de Palacio van despacio”, o deben ir “al paso”, cuando de temas medulares se trata y que el mandatario ha expuesto en los ámbitos globales y también nacionales, su propósito de buscar una salida al controversial fallo, con una ley que garantice el respeto de los derechos humanos de esos inmigrantes haitianos y que al mismo tiempo se ajuste a la sentencia del TC.
 
Durante los debates de la plenaria de la II Cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), en La Habana, Danilo Medina defendió la soberanía de República Dominicana ante los cuestionamientos realizados por algunos de los países miembros con respecto a la controvertida sentencia y contra todos los “vientos y tormentas”, el gobernante dominicano ha hecho posible que continúe el diálogo entre ambos países, a fin de hallar una salida satisfactoria al problema.
 
Entre sanciones y distensiones, el gobierno dominicano ha seguido el camino de la implementación del programa de regularización de extranjeros que viven en el país, iniciado a finales de 2013, que deberá culminar en 18 meses. El Presidente aseguró que lleva a cabo consultas para determinar el contenido del proyecto de Naturalización que enviará al Congreso Nacional, tal y como dijo al salir de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde se reunió con el expresidente Leonel Fernández, y poco antes con el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster.
 
Sin duda alguna, este ha sido uno de los escollos más traumáticos para la administración de Medina; pero, como afirma la sabiduría popular, insustituible y certera, resolver el estatus jurídico de los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país le corresponde a la nación dominicana, más allá de los emplazamientos de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de quienes intentan enfilar cañones en esta dirección, aun cuando saben que cada país tiene su propia soberanía y el derecho de solucionar sus asuntos “dentro de casa”, no fuera. Si no, que miren en el entorno y verán que nadie lo hace de otra manera.