La Organización de Naciones Unidas (ONU), exige al Vaticano y en el país, la Colectiva Mujer y Salud “acoge y saluda las recomendaciones y denuncias formuladas” en defensa de los derechos de niños y niñas, en ocasión del reciente examen realizado por dicho Comité a la Santa Sede sobre su nivel de cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
La voz de la ONU se alza, y aun cuando el Vaticano considera desproporcionado el informe y el “documento absolutamente anómalo si se le compara con sus procedimientos normales cuando se trata de los otros estados miembros», aseguró que mantendrá su compromiso con la Convención y la aplicación de las regulaciones necesarias a favor de los derechos de los menores. Es que los ecos de quienes han sido abusados trascienden fronteras y la Iglesia tiene el deber de escuchar e investigar y entregar ante la jurisdicción penal, tal y como ha exigido aquí la Colectiva Mujer y Salud, “a todos los miembros del clero sospechosos o acusados de violación sexual contra menores de edad”.
Más allá de las críticas a la Santa Sede, organizaciones dominicanas y del mundo exigen a la jerarquía eclesial “abrir las cortinas de la verdad” y “abandonar los ocultamientos sistemáticos de los crímenes y el escaso apoyo ofrecido a las víctimas”.
Hasta el Comité que envía su informe al Vaticano han llegado las violaciones sexuales sacerdotales denunciadas desde 2003 hasta la fecha en República Dominicana y tal y como plantea el documento, no se trata del traslado de los implicados a otras parroquias, sino de castigar con penas máximas a los culpables.
La Convención de los Derechos del Niño deben ser cumplidos y en tal sentido la Colectiva Mujer y Salud demanda “la destitución inmediata de todos los religiosos acusados o sospechosos de abuso sexual contra menores en la República Dominicana”; también, “la cooperación urgente de la Iglesia Católica” a fin de determinar el paradero del ex-nuncio Joséf Wesolowski, acusado de violación sexual a menores aquí y tramitar la extradición inmediata del sacerdote polaco Wojciech (padre Alberto Gil), así como otros curas como Alberto Zacarias Liriano, “descargado en Primera Instancia del delito de violación sexual a una menor y contra quien cursa un recurso de apelación por el mismo delito”.
Otros nombres se suman a la exigencia de no impunidad, entre ellos Cirilo Antonio Núñez y Ramón Antonio Betances, (2003), vinculados al caso del Albergue de Higüey y el sacerdote Juan Manuel Mota de Jesús (Padre Johnny).
“Que la justicia dominicana juegue el papel que le corresponde”, apunta la declaración y los días que siguen darán constancia de lo que debe ser ineludible.
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