CIDH influiría en mandatarios región contra RD

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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), estaría preparando una “contraofensiva” para obligar al Gobierno dominicano a entregar documentos de identidad y electoral  a más de 200 mil hijos de haitianos que se encuentran el país, contrario a lo que determinó el Tribunal Constitucional (TC).
 
Aunque no se especificó la fecha del “ultimátum”, la CIDH estaría desde ya “cabildeando” apoyo de gobernantes latinoamericanos, incluyendo Venezuela, para que  tomen medidas de presión contra la administración de Danilo Medina, que en opiniones de muchos ha mostrado ambivalencia en su posición sobre el dictamen de la alta corte.
 
El  día  6 de este mes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó un informe detallado sobre los levantamientos que hizo en su visita a República Dominicana, en el cual llama al gobierno a reconocer  la  nacionalidad a las personas nacidas en el país que la habían adquirido entre 1929 y  la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de 2010, que han sido afectadas por la sentencia de 168-13 del TC.
 
Los miembros de la CIDH declararon que la iniciativa del TC fue tomada de manera arbitraria y  tiene un efecto discriminatorio ante aquellas personas dominicanas de ascendencia haitiana y que viven en condiciones de extrema pobreza en el país.
 
Argumentó que en las visitas realizadas a diferentes puntos del país recibieron 3,994 denuncias, donde pudieron darse cuenta de la “pobreza en la que viven las personas de origen haitiano” y que esto se agudizó más tras el fallo del TC.
 
Una de las recomendaciones que le hizo la CIDH a las autoridades dominicanas fue que “no se puede exigir que personas con derecho a nacionalidad, como las desnacionalizadas por el mandato  se registren como extranjeros.”
 
Entiende que las decisiones que se adopten para resolver la situación deben ser generales y automáticas, y garanticen los derechos de las personas, los procedimientos sencillos y rápidos y su aplicación no puede ser discrecional.
 
Consideraron la resolución  como discriminatoria y violatoria de los derechos de dominicanos de ascendencia haitiana, afirmó el organismo internacional.
 
De inmediato, la  Cancillería dominicana manifestó su inconformidad y desagrado con el informe vertido, por considerar que muestra una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad del país. En tal sentido emitió un comunicado en el que expresaba: “Reiteramos nuestro compromiso con el respeto de la dignidad humana, así como con los derechos fundamentales y derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida por el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, recordamos una vez más que el gobierno está actuando con apego a nuestro orden constitucional y, por tanto, acata lo estipulado por el Tribunal.
 
“Entendemos, además, que poner en marcha el Plan de Regularización es también una forma de reconocer y garantizar derechos a toda la población residente en nuestro país. Se cumple, así, el objetivo de dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, para los extranjeros en situación migratoria irregular.
 
“Asimismo, reafirmamos que cualquier víctima de abuso o discriminación cuenta con los mecanismos legales a su disposición para denunciar cualquier hecho de este tipo y con el apoyo de nuestro Estado de Derecho”, precisa el texto.
 
A propósito de haberse celebrado este 10 de diciembre el Día Internacional  de los Derechos Humanos, el Gobierno de Danilo Medina, a través del portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, negó que viole los derechos humanos y que tenga hostilidad contra algún pueblo del mundo, en referencia a las denuncia y críticas que se hacen al país sobre supuestos maltratos a ciudadanos  haitianos.
 
Rodríguez Marchena explicó que, por el contrario,  República Dominicana es un país solidario, de gente noble, que es capaz de “quitarse la comida de la boca para dársela a otros”.
 
Sentencia y reacciones
 
 
El pasado 23 de septiembre el TC emitió  la sentencia 168-13,  la cual  niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en la República Dominicana, siendo los más afectados  descendientes del vecino país.
 
La sentencia de la institución jurídica dominicana, de inmediato generó férreas oposiciones de parte de  organismos nacionales e internacionales.
 
El primer rechazo a la medida fue expresado por los 15 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), los cuales durante una asamblea en Georgetown, Guyana,  anunciaron la suspensión de la solicitud de la República Dominicana para adherirse al bloque regional hasta que el país no tome medidas para resolver el conflicto migratorio con Haití.
 
“Caricom está preparada para aceptar a la República Dominicana, pero el gobierno de la República Dominicana tiene que demostrar su buena fe con medidas creíbles inmediatas como parte de un plan global para resolver la crisis migratoria tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que negó la nacionalidad dominicana a descendientes de inmigrantes ilegales, principalmente haitianos”, precisó.
 
Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los Derechos Humanos expresó: “Esta decisión privará a decenas de miles de personas de una nacionalidad, lo que tendrá un impacto muy negativo en el resto de sus derechos fundamentales», advirtió en Ginebra la portavoz de esa oficina, Ravina Shamdasani.
 
En el plano local, la coordinadora de Participación Ciudadana (PC), Rosalía Sosa, explicó que el Estado tiene el derecho soberano a instaurar reglas para el otorgamiento de la nacionalidad; no obstante, una vez establecidas todos los estados deben respetar.
 
Para el Centro Bonó, el fallo del TC  significa una aberración; en tanto que Trajano Vidal Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia  alertó sobre la posibilidad de que el tema vaya a cortes internacionales.
 
El vicepresidente  ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, externó su desacuerdo con la posición de sectores que alegan que la medida del TC  está motivada por  el racismo.
 
El Gobierno dominicano declaró de inmediato, a través del vocero de la Presidencia, que acataba la sentencia del TC  y que actuaba  respetando la institucionalidad.
 
Ante las reacciones negativas que han surgido, la administración del presidente Danilo Medina emprendió  una defensiva diplomática para justificar la soberanía de la decisión de la alta corte dominicana, enviando delegaciones a Estados Unidos y  Venezuela.
 
El pasado 22 de noviembre, durante una reunión encabezada por el presidente Danilo Medina en el Palacio Presidencial, el Consejo Nacional de Migración aprobó  el Plan Nacional de Regularización de los extranjeros en situación migratoria irregular radicados en la República Dominicana.