RD-Haití: “jugando al gato y al ratón”

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Las relaciones entre los gobiernos de República Dominicana (RD), representado por Danilo Medina, y el de Haití, por Michel Martelly, vienen jugando una especie de “gato y ratón”, como reza el dicho popular, con sus dimes y diretes y a las medidas que cada uno de estos países aplican con relación a sus políticas comerciales, migratorias y diplomáticas.
 
La amistad entre las dos naciones que comparten la misma isla  empezó a “agriarse”  luego de las vedas que el vecino país impuso  a la importación de carne de pollo, huevo y plástico desde el territorio dominicano.
 
Otro contundente elemento que ha puesto en cuestionamiento el espíritu de hermandad entre la nación de Duarte y la de Tousaint Louverture fue la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), dominicano, mediante la cual se establece quienes tienen derecho a la nacionalidad dominicana, lo que ha dejado fuera de esa condición a más de 200 mil hijos de haitianos indocumentados  o en tránsito.
 
Ante los  acalorados cuestionamientos en torno a la decisión de la alta corte dominicana, el presidente Martelly  afirmó que ésta ponía  en peligro la estabilidad política  de la región y dijo que  replanteaba las relaciones dominico-haitiana.
 
“Es una mala solución, jurídicamente infundada y humanamente inaceptable”, manifestó Martelly durante una comparecencia en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), en Trinidad y Tobago.
 
Al negarse a reconocer como haitianos a sus compatriotas nacidos en territorio dominicano, el mandatario haitiano advirtió que la sentencia podría generar problemas sociales.
 
Al parecer el ministro del interior de Haití, David Bazile, ha sabido manejar la diplomacia de su país mejor que su jefe inmediato, el Presidente, cuando el pasado viernes aclaró que:   “No estamos en guerra con la República Dominicana”, para calmar los ánimos, luego de conocerse que, supuestamente,  34 haitianos habían sido linchados por dominicanos, después que dos de ellos asesinaron a una pareja de ancianos en Neiba.  Posteriormente se confirmó  la muerte de uno, en represalia por el suceso.
 
CIDH
 
La delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), llegó a República Dominicana y desde este lunes agota una apretada agenda de trabajo, que incluye reuniones y consultas.
 
Desde su llegada al país, el organismo internacional recibe denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), sobre la nacionalidad.
 
Los representantes de la CIDH estarán el lunes, martes y jueves recibiendo denuncias desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche en el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), situado en la avenida George Washington.
 
El miércoles, los equipos de recepción se trasladarán a las provincias Dajabón, Valverde, San Pedro de Macorís y La Romana, donde contemplan escuchar a los afectados. Antes, se reunieron con el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).
 
Sentencia y argumentos
 
El pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional (TC) emitió  la sentencia 168-13,  la cual  niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en la República Dominicana.
Dicha decisión fue asumida a partir de un recurso de revisión de amparo interpuesto por la descendiente de haitianos Juliana Deguis Pierre contra la Junta Central Electoral (JCE),  por un dictamen de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, que le negó el otorgamiento de la cédula de identidad y electoral.
 
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los Derechos Humanos condenó: «Esta decisión privará a decenas de miles de personas de una nacionalidad, lo que tendrá un impacto muy negativo en el resto de sus derechos fundamentales», advirtió en Ginebra la portavoz de esa oficina, Ravina Shamdasani.
 
El miércoles  2 de octubre, la JCE  ordenó restituir el acta de nacimiento a Juliana Deguis Pierre, a quien el Tribunal Constitucional no había beneficiado  con la nacionalidad dominicana por ser hija de braceros haitianos indocumentados. Sin embargo, unos 200 mil hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano continúan en el “limbo” jurídico por no poder recibir la documentación de identidad.
 
La coordinadora de Participación Ciudadana (PC), Rosalía Sosa, explicó que el Estado tiene el derecho soberano a instaurar reglas para el otorgamiento de la nacionalidad; no obstante, una vez establecidas todos los Estados deben aplicarlas sin discriminación.
 
Para el Centro Bonó, el fallo del TC  significa una aberración; en tanto que Trajano Vidal Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia  alertó sobre la posibilidad de que el tema vaya a cortes internacionales.
 
Mientras, el vicepresidente  ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán expresó su desacuerdo con la posición de sectores que alegan que la medida del TC  está motivada por  el racismo.
 
Gobierno
 
El Gobierno dominicano declaró de inmediato, a través del vocero de la Presidencia, Roberto Marchena,  que acataba la sentencia del TC  y que actuaba  respetando la institucionalidad.
 
Ante las reacciones negativas que han surgido, la administración del presidente Danilo Medina ha emprendido una defensiva diplomática para justificar la soberanía de la decisión de la alta corte dominicana, enviando delegaciones a Estados Unidos y  Venezuela.
 
El pasado 22 de noviembre, durante una reunión encabezada por el presidente Danilo Medina en el Palacio Presidencial, el Consejo Nacional de Migración aprobó  el Plan Nacional de Regularización de los extranjeros en situación migratoria irregular radicados en la República Dominicana.
 
Tras el encuentro, el presidente del Consejo José Ramón Fadul presentó la síntesis de las propuestas y sometió un borrador de Plan enmarcado en lo dispuesto por el Artículo 151 de la Ley General de Migración 285-04 del 15 de agosto de 2004 y en cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Constitucional dominicano en su sentencia TC/0168/13, de septiembre del actual año.