¿Quién mantiene preso a Álvarez Renta?

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Los exbanqueros Ramón Báez Figueroa y Leonel Almonte, expresidentes los quebrados Banco Intercontinental (Baninter) y del Banco Universal, respectivamente, condenados por el robo de miles de millones de pesos en desmedro del Estado dominicano, recibieron su libertad condicional y gozan de esta; Vivian Lubrano de Castillo, vicepresidenta de la primera entidad financiera, recibió un indulto presidencial; mientras que el financista Luis Álvarez Renta, que –de acuerdo a la misma sentencia-, poco tuvo que ver con el desfalco, permanece preso, a pesar de presentar varias complicaciones de salud.
 
Mucha gente se pregunta ¿Por qué el Gobierno no hace nada?, ¿Cuál o cuáles son los funcionarios que mantienen a Álvarez Renta en la cárcel?, ¿Por qué el director de Escuela Nacional Penitenciaría de la Procuraduría le quiere hacer la vida imposible?, saque usted sus propias conclusiones.
 
Álvarez Renta está interno en una clínica de la ciudad de Santo Domingo, donde agentes con armas largas, a cargo de la Escuela Penitenciaria, que dirige Ysmael Paniagua, entraron a la habitación donde está e intentaron sacarlo por la fuerza, lo que fue impedido por el personal del centro de salud.
 
Este multimedios DominicanosHoy consultó a diferentes abogados, quienes coincidieron en decir que si Báez Figueroa está fuera de la cárcel, “hace rato que Álvarez Renta también debería estarlo”.
 
Se dice que funcionarios del área bancaria del gobierno, también, presionan para que el asesor financiero permanezca en la cárcel: «No solo que siga preso, si no que fallezca sin salir de allí, porque saben que él tiene muchos datos que podrían perjudicarles».
 
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Únicamente en un país donde la justicia es impartida sin piedad contra los más débiles y la impunidad campea por sus fueros, se puede mantener en una cárcel y sin ninguno de los cuidados que requiere un hombre enfermo como Luis Álvarez Renta, condenado a diez años de prisión por la quiebra del Banco Interamericano (Baninter), pese a sus graves problemas de salud, que podrían llevarlo a una situación crítica en cualquier momento.
 
Abogados, familiares y amigos del financista Álvarez Renta denunciaron que el juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, hijo un “copy paste” de los argumentos externados por el Banco Central para rechazar el recurso de hábeas corpus interpuesto por el interno contra su “prisión ilegal”, lo que demuestra lo antes expuesto.
 
Agregaron que el magistrado Andújar no les merece ninguna credibilidad, pues fue el mismo que dejó en libertad a los reconocidos narcotraficantes hermanos colombianos, Huber Oswaldo Buitrago y Ángel María Buitrago Vacca, sin tomar en cuenta el peligro lo que estos hombres representan para la sociedad dominicana y extranjera.
 
“Claro, como Luís Álvarez Renta es inocente y no ha dado dinero, el juez no podía hacer justicia, ya se vendió vilmente al Banco Central; pero, sí dejó libres dos grandes narcotraficantes, con la mala defensa del Ministerio Público, que también se vendió, qué se puede esperar. Qué clase de juez es ese”, sostuvo un familiar del imputado, quien no pudo ser identificado de inmediato.
 
Con anterioridad, defensores de Álvarez Renta, condenado en el año 2007 a cumplir diez años en prisión, manifestaron que funcionarios del sector bancario, del gobierno pasado y del actual, le han querido hacer la vida imposible; sin embargo, ahora fueron más explícitos y apuntaron directamente al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.
 
Álvarez Renta, de 63 años, ha sufrido infartos cardiacos, presentado problemas renales y de diabetes, los cuales han impedido que este permanezca el tiempo requerido en la cárcel de Najayo; empero, cuando ha estado allí se ha dedicado a educar a los demás presos, sin importar la clase social a la que pertenezcan.
 
El economista fue condenado, también, al pago de una multa de cien salarios mínimos, por violentar el artículo 3, literal b y la ley 62-02: “Con todo esto ha cumplido ese señor enfermo y que todavía quieren mantenerlo en la cárcel, seguramente esperando un desenlace fatal”.
 
Los defensores de Álvarez Renta se quejaron de que el magistrado Andújar considera que la prisión de su defendido es legal y señalara que la revisión del conteo de los años que lleva en prisión, debe ser solicitada al juez de Ejecución de la Pena.
 
Los abogados de Álvarez Renta afirman que este ha cumplido la totalidad de su condena. Con relación al auto de excarcelación, indican que se mantuvo vigente desde el 18 de junio del 2003 hasta el 17 de julio del 2008, por lo que indican que la prisión es ilegal.
 
Ahora, allegados a Álvarez Renta enfilan los cañones hacia el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el procurador Francisco Javier García; y el director de la Oficina Coordinadora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Ysmael Paniagua, por entender que quieren fastidiar al recluido.
 
Aseguran que a pesar de que Álvarez Renta no le debe nada al Banco Central, los abogados de la entidad insisten en que este debe mantenerse en prisión hasta el año 2018: “Prisiones se ha querido burlar de la legítima asesoría que ha prestado el exjuez Baltazar Garzón, diciendo que ni porque trajo a un rubito de ojitos verdes se salvará de cumplir su pena completa”, agregó un informante.
 
Es un abuso
 
Durante audiencias, la defensa ha mostrado certificaciones médicas que indican que al economista la presión arterial le subió de 150 a 170 y ni así se conduelen por su caso: “Me subió la presión muchisímo. Pero lo que querían hacer era este aparataje. Estoy en esta camilla, no porque no pueda caminar, sino porque por problemas de la columna vertebral no puedo estar sentado”, declaró el recluso.
 
Sacando fuerzas de donde no la tiene, Álvarez Renta se ha motivado a comparecer a los tribunales, donde interpuso un recurso de amparo en demanda de que se cumpla la sentencia del entonces juez de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Queliz, en la cual se le concedía el arresto domiciliario.
 
Liberan al cabecilla
 
Después de cinco años y nueve meses en prisión, cumpliendo una condena de 10 años por el fraude al Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, expresidente de la entidad, fue favorecido con la libertad condicional, en agosto pasado, otorgada el juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy De Jesús Núñez.
 
Los abogados defensores del economista Luis Álvarez Renta, al conocer el acuerdo entre Báez Figueroa y el Banco Central, declararon que su defendido tenía razón cuando declaró que se trataba de un pacto entre las partes para desistir de los procesos judiciales y mantener la impunidad a favor de funcionarios que debían ser procesados.
 
“El acuerdo publicado demuestra que la denuncia de Luis Álvarez Renta fue válida, porque lo que más énfasis tiene en ese documento firmado por las partes es en cómo se descargan mutuamente y desisten de las acciones legales, lo cual implica que los funcionarios quedarán impunes de cualquier acción legal destinada a auditar el manejo de los bienes de Baninter adjudicados y administrados por la Comisión Liquidadora”, dice una declaración de los abogados Eric Raful y Cerise Bronte.
 
Con apenas meses en la cárcel, el expresidente de la República, Leonel Fernández, otorgó un indulto a favor de Vivian Lubrano de Castillo, vicepresidenta del Baninter y condenada por el fraude a la entidad financiera: “solo porque uno de sus funcionarios tenía una estrecha relación con un hijo de la imputada y este se prestó a que su esposa (hermana de un candidato presidencial de la oposición), le levantara la mano al mandatario en un acto proselitista”.
 
Críticas
 
Contra el Banco Central, Álvarez Renta ha dicho que a las autoridades de la entidad se prestaron a publicitar el acuerdo gracias al cual Báez Figueroa recibió la libertad condicional, cuyo objetivo sería, “que la opinión pública pueda conocer una de las principales razones de su existencia: garantizar al Banco Central y a sus actuales funcionarios directivos su propia impunidad por su responsabilidad en la debacle de Baninter y de la crisis bancaria del 2003”.
 
La publicidad del acuerdo entre las autoridades monetarias y el exbanquero es de interés público, porque revelaría las razones que indujeron a este último a desistir, de manera explícita e implícita, de “todos los litigios, incluyendo cualquier querella o demanda contra esos funcionarios del Banco Central y compartes, tanto personal como institucional, así como de solicitar cualquier auditoría de la comisión en sus manejos de los bienes de la liquidación de Baninter”.
 
Sobre el procurador Domínguez Brito, el prevenido comenzó con la revelación del acuerdo que le hiciera el procurador, rato inaceptable, porque implicaría reconocer lo que siempre ha negado: su responsabilidad en la debacle de Baninter: “Es una posición de principios, o de conciencia, que he tratado de mantener a todo lo largo del más difícil tramo de mi vida”, afirma el condenado a purgar su pena en la cárcel de Najayo.
 
Reveló que aceptar el arreglo con las autoridades monetarias pondría a Domínguez Brito “en una delicada situación”, porque evidenciaría la falta de coherencia de su apego a la lucha contra la impunidad y la corrupción.
 
Destaca que la sentencia condenatoria excluye al Banco Central y compartes de ser actores civiles contra él, porque fue establecido que no tiene deudas con el Banco Central, contrario a Báez Figueroa, condenado a pagar 44,000 millones de pesos a esta entidad.
 
“Donde existe una sentencia de deuda en contra del suscrito, a favor de la Comisión, es en los Estados Unidos y solo porque el Banco Central se guardó las pruebas, los documentos de Baninter, que demostraban mi inocencia, y no los pude presentar en ese juicio, porque el juez me negó la jurisdicción para requerir esos documentos”, planteó.