Históricamente, en América Latina las naciones que en su pasado reciente han padecido dictaduras militares, son las que al momento de modificar su Carta Magna se debaten a muerte al escoger entre asamblea revisora o Constituyente.
La República Dominicana esta abocada a una nueva revisión de las leyes que rigen el funcionamiento del organismo social nuestro; sin embargo, los sectores de poder están en un pataleo, como si la Constituyente fuese a variar la naturaleza ideológica y política del sistema vigente.
La Constituyente establece un paso de mayor definición de los derechos políticos y civiles, que el capitalismo en su fase progresista proclamó en la Revolución Francesa de 1789.
Lógicamente, hay que entender que la Constituyente viola la Constitución dominicana, porque en esta, está consagrada la asamblea revisora como pieza legal para conocer cualquier objeción a las leyes nacionales; pero, se puede incorporar a través de la propia asamblea revisora, previo a cualquier enmienda a ser presentada.
Cuando pocas fuerzas son las parteras de las leyes, estás se convierten en letra muerta, pero cuando damos la oportunidad al empresariado privado, a los sindicatos de trabajadores, a los partidos políticos grandes y pequeños las leyes contenidas en la Carta Fundamental y sobre todo su aplicación, se convierte en compromiso de todos los ciudadanos sin distingos de posición social o política.
La Constitución seguirá siendo un pedazo de papel engavetado, como recordó en una ocasión Joaquín Balaguer, mientras sus ajustes sean la expresión de la voluntad política de estrechos círculos políticos.
No quieren la Constituyente porque saben que ésta otorga participación a múltiples fuerzas, que no podrán manipular para hacer modificaciones circunstanciales como la de 2002, cuando la necesidad de mantenerse el PRD en el poder, llevó a Hipólito Mejía a buscársela para reestablecer la reelección sin muchos escollos.
