El problema creado por el fallo del Tribunal Constitucional (TC), tras la decisión de emitir el pasado 23 de septiembre la sentencia 168-13, que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en la República Dominicana, ha desatado múltiples manifestaciones en el país, todo lo cual afecta, esencialmente, a miles de descendientes de padres haitianos ilegales que se encuentran en el territorio nacional.
Su origen se enfoca en la solicitud de Juliana Deguis Pierre de su cédula de identidad, y al serle negada por la Junta Central Electoral (JCE), el TC traspasa el objeto de la demanda y viola flagrantemente las normas del debido proceso de ley, que destapó una dictamen mediante el cual establece quiénes son o no dominicanos.
El doctor Polivio Rivas, relevante jurista y exmiembro de la JCE, consultado al respecto, afirma que el TC falló de manera ultrapetita, o sea más allá de lo que le solicitaron, toda vez que el objeto de la demanda era sobre el derecho a ceder una cédula a una ciudadana que afirma y a todas luces es dominicana.
No se trata ahora de decidir en estas líneas quiénes son naturales o no en República Dominicana, sino el reconocimiento a su derecho a adquirir ese documento que le acredita su nacimiento en el país.
Por dar una solución genérica a algo particular se ha caído en un error procesal y violatorio del debido proceso de ley.
Finalmente, un derecho particular le ha dañado la vida a miles y miles de personas en el país.
Un error constitucional
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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