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Danilo y los diputados de ultramar

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El 16 de agosto del año 2012, Danilo Medina al jurar como Presidente de la República ante la Asamblea Nacional, se refirió a la diáspora diciendo: “Hermanos dominicanos que viven en el exterior, pueden estar seguros, yo también seré su presidente y velaré por sus necesidades. Crearemos el Instituto de los Dominicanos en el Exterior, tal como lo prometí en campaña, para estar más cerca de las necesidades de nuestros compatriotas residentes fuera de nuestro territorio”… Estas palabras se las ha llevado el viento. Ha transcurrido más de un año de su gestión al frente de la cosa pública, y la promesa no ha sido honrada, ni se avizora en lo inmediato que así sea.
 
Por otro lado, los diputados de ultramar que también llevan más de un año en el Congreso no han diligenciado que estas promesas se cumplan. Lucen dispersos, limitándose a ser más de lo mismo, ignorando uno y otros que los países desarrollados, así como los países en vías de desarrollo, están redoblando sus esfuerzos en el diseño de políticas, apoyos institucionales y financieros para fortalecer las capacidades y los recursos de la diáspora, para insertarlos en el mercado local.
 
El senador por la provincia de Azua, Rafael Calderón, ha sometido un proyecto de ley que procura con dicha legislación orientar a los dominicanos que residen en el extranjero interesado en hacer negocios en el país. Iniciativas de este tipo deja muy mal parados y cuestionados a los diputados de ultramar, respecto a sus funciones y prioridades legislativas tendente a beneficiar a las comunidades que los hicieron sus representantes. Gracias a Dios que otros se ocupan y preocupan por nuestra suerte. ¡Qué dolor y qué pena! Hemos sentido la vergüenza ajena.
 
Deben entender los diputados de ultramar que los gobiernos en el mundo de hoy están en el deber de promover la capacidad empresarial y el espíritu emprendedor que manifiesta la diáspora, procurando fortalecer los vínculos de comercio, económicos, y de inversión del sector privado a través de su participación y el papel que pueda desempeñar el gobiernos para facilitar, capacitar, e invertir conjuntamente y asociarse con ellos para obtener resultados que le permitan a este segmento formar parte del desarrollo del país. En ese sentido no hemos visto un ante proyecto de ley presentado por ningún legislador del exterior, ni mucho menos planteamientos de peso al Poder Ejecutivo a tales fines.
 
El 26 de enero del año 2012 La República Dominicana aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual entró en vigencia en el mes de julio del pasado año, en la que las líneas de acción manifiestan la intención de fortalecer los mecanismos para que la población emigrada pueda tener una activa vinculación económica y social con el país, estableciendo que estas metas o retos puedan cristalizarse en un periodo comprendido entre los años 2010 al 2030; lo que a nuestro juicio debería ser parte de la agenda obligada de los diputados de ultramar. Ni un solo de ellos se ha amparado de esta legislación.
 
Ante la inercia de los diputados de ultramar, se impone que instituciones gubernamentales o interinstitucionales dedicadas a brindar servicios a la diáspora, incluidos los Consulados y las Embajadas en el extranjero, trabajen en el fortalecimiento de los vínculos existentes entre los hermanos dominicanos que emigraron y el país; colectando documentos que presenten las iniciativas que apoyen mejoras en el clima económico y empresarial y que ofrezcan oportunidades para las acciones del sector empresarial, analizando los programas de incentivos y los marcos legales para atraer a este importante núcleo social, que está dispuesto a trabajar e invertir en el país.

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