El mundo acoge con beneplácito y ve con buen ojo el endurecimiento de las sanciones penales y las severas advertencias hechas por el papa Francisco a los sacerdotes católicos, debido a las constantes acusaciones de abusos a menores en que se han visto envueltos; pero, hasta la fecha no se conoce de norma alguna que pueda reparar los daños morales y psicológicos ocasionados a las víctimas y a sus familiares.
Las denuncias de clérigos que han incurrido, sobre todo en el delito de pederastia, provocó enojo en el papa, quien se quejó duramente con el cardenal Bernard Law, acusado de haber encubierto a unos 250 curas que habían cometido esta agresión entre 1984 y 2002, cuando fue arzobispo de la diócesis de Boston, en Estados Unidos.
Enfadado por el escándalo, el vicario introdujo modificaciones en las leyes del Vaticano como: Al delito de tortura, que incluye “el conjunto de la categoría de las infracciones contra los menores, la venta, prostitución, alistamiento y violencia sexual contra ellos, la pedopornografía, la posesión de este material y los actos eróticos con imberbes”.
El llamado representante de Dios en la Tierra pidió que se actúe “con determinación” contra los abusos sexuales cometidos por el clero”. Era la primera vez que el papa argentino se expresaba públicamente sobre los abusos sufridos durante décadas por miles de infantes.
La nueva legislación vaticana también prevé la posibilidad de que los tribunales de la Santa Sede juzguen “delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio de la misma”.
El papa prevé, asimismo, “la adopción de medidas de cooperación adaptadas a las convenciones internacionales más recientes”, en materia de aportación judicial entre el Vaticano y los otros estados. La República Dominicana forma parte del mapa de países con casos de pederastia en la Iglesia Católica.
En República Dominicana
Algunos clérigos en República Dominicana no se enteraron o decidieron hacerse los “chivos locos” ante las advertencias del Santo Padre, frente a los constantes escándalos de algunos presbíteros, nominados por la sociedad como “curas de sotanas horizontales”, acusados de pedófilos.
A raíz de las acusaciones, diversas instituciones se han integrado al Foro por un Estado Laico, denominado “Eugenio María de Hostos”, para demandar que la justicia dominicana ponga fin a la impunidad de los sacerdotes abusadores.
Las acusaciones sobre estos hechos fueron confirmadas por monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), quien se refirió a los casos del nuncio Józef Wesolowski y el padre Wojciech Gil (Alberto), así como los de otros párrocos.
Núñez Callado censuró que la justicia no hiciera su trabajo, sin importar quién o quiénes sean los imputados o sospechosos: “La Santa Sede actuará en consecuencia. El papa, cuando se enteró de que su representante andaba en malos pasos lo destituyó y espera que sea castigado”.
Monseñor expuso que: «una persona puede tener sus debilidades, pero los abusos a menores son imperdonables, eso no cabe en una cabeza normal, y por tanto nadie puede aprobarlo».
Iglesia y justicia
Ante los abusos sexuales cometidos por obispos, sacerdotes, diáconos y monjas contra niños, niñas y adolescentes, la credibilidad de la Iglesia Católica en la República Dominicana se ha visto seriamente deteriorada.
El jueves 6 de septiembre, la cúpula de la Iglesia Católica, representada por el cardenal Nicolás López Rodríguez, pidió perdón por los casos de delitos sexuales, y acusó a los medios de comunicación de «cebarse» contra esa religión y empeorar la situación.
El alto mando apostólico la emprendió, además, contra monseñor Agripino Núñez Collado, a quien desautorizó a emitir reflexiones sobre los casos de pederastas y hablar en nombre de esa iglesia.
En esa misma fecha, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, anunció que ha interrogado a varias personas en relación al caso del exnuncio apostólico Józef Wesolowski.
Mientras que el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien llevó las denuncias ante el papa Francisco, reclamó a la justicia que actúe con “firmeza y claridad” para sancionar estos delitos, según están previstos en el Código Penal.
Abusos en el país
En el año 2005, un grupo de sacerdotes y feligreses fueron acusados por nueve menores, ocho niñas y un niño, de violación sexual y sadomasoquismo. Los hechos se cometieron en el año 2004 en el “Hogar La Ciudad de los Niños, San Francisco Javier”, de San Rafael del Yuma, en Higüey. Los relatos que los menores hicieron durante los interrogatorios parecían sacados de una película de terror.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna consecuencia legal contra los sacerdotes Cirilo Antonio Núñez y Ramón Antonio Betances, acusados de cometer agresiones sexuales contra los infantes.
El diácono Rigoberto González Radial, ciudadano cubano residente en Estados Unidos, quien fuera responsable del albergue, falleció el 7 de enero de 2006, en una clínica de Santiago.
En julio de 2009, el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, condenó a 15 años de prisión al sacerdote Domingo Espinal, por violar sexualmente a un menor de 14 años, en el sector El Invi, de la carretera Sánchez. El cura había sido absuelto en primera instancia en el 2006, pero la familia de la víctima apeló la sentencia hasta lograr que fuera condenado; sin embargo, el hombre de “sotana horizontal” sigue en libertad.
El obispo Príamo Tejeda, que hasta 1998 estuvo a cargo de la Diócesis Baní-San Cristóbal, fue acusado en 2007 de mantener secuestrado y sometido a violaciones sexuales a un cubano en la Florida, Estados Unidos.
El proceso fue publicado por el periódico Herald Tribune. El rotativo detalló que el hombre, de 42 años, sólo identificado por la iniciales J.G., por asuntos legales, fue ayudado a salir de Cuba por el prelado dominicano en 2005, con la promesa de ayudarlo a conseguir un empleo y para que colaborara con algunas labores eclesiales.
En julio de 2012, el sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano, de 40 años, fue sometido y apresado bajo el cargo de violación sexual a una menor de 15 años, en Bonao. Según familiares de la joven, el capellán intentó detener el sometimiento ofreciendo de 1 a 3 millones de pesos como “compensación”; pero, ellos no aceptaron la propuesta. Este caso sigue todavía en los tribunales.
El sacerdote polaco Wojciech Gil, quien se hacía llamar padre Alberto Gil, fue denunciado a finales de mayo del presente año, como violador de varios niños que tenía a su cuidado. El cura huyó sin que se sepa su paradero. El martes, 10 de septiembre, la Fiscalía de Santiago de los Caballeros pidió su captura internacional.
El 21 de agosto, la repentina destitución del nuncio o embajador del Vaticano en Santo Domingo, Józef Wesolowski, amigo íntimo y compatriota del padre Wojciech, hizo que se filtraran informaciones sobre la doble vida que llevaba.
El 28 de agosto de 2013, un grupo de organizaciones y ciudadanos, encabezados por la Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC), denunció que Juan Manuel Mota de Jesús, “padre Johnny”, párroco de la iglesia de San Pedro, de Jarabacoa, había violado a varias adolescentes.
El religioso ha insistido en que no ha cometido los hechos que se le imputan, pese a los testimonios de las víctimas, sus familiares y allegados. El caso está en manos del Ministerio Público.
Todos estos sucesos confirman las denuncias de las asociaciones de víctimas de abuso clerical a nivel internacional, en el sentido de que las condenas de estos crímenes por los últimos papas y la recién promulgada reforma del Código Penal del Vaticano, significan un ejercicio de relaciones públicas dirigido a tranquilizar la opinión, o sea, son medidas mediáticas que pararán en lo que todos sabemos: en nada…
