El secretario de Educación, Melanio Paredes, aseguró a la prensa nacional que el presupuesto de Educación para 2009, alcanzará el 2,5% del Producto Interno Bruto, aunque advirtió que es imposible conseguir el 4% tan reclamado por diversos sectores, debido a que se espera un decrecimiento económico en el país.
De todos modos, en la paradoja nacional se mueve la interrogante del por qué, si la República Dominicana ha mantenido un crecimiento estable en su economía, durante los últimos años, el sistema educativo está entre los más deteriorados en la región.
Al ser entrevistada en una ocasión para La Jornada, la relatora especial de la ONU, Katarina Tomasevski, declaró que “México y varios países de América Latina están siguiendo el modelo estadounidense que no concibe la educación como un derecho, sino como una mercancía sujeta a las leyes de mercado”.
Según la especialista, “esta política tendrá consecuencias desastrosas, porque las sociedades quedarán divididas en dos grupos: los ricos que pueden pagar las mejores escuelas y los pobres que tienen acceso a enseñanza de baja calidad”.
La nación dominicana, lamentablemente, avala estas realidades y siente el peso del escepticismo, no sólo ante la pregunta de ¿cómo enfrentar el problema en el presente?; sino, ¿de qué manera se logrará, al fin, que el gobierno plantee constitucionalmente solucionar la calidad de la educación de los menores y resolver lo que, en definitiva, significa el futuro del país?
Habrá que esperar hasta el año 2014, para obtener una asignación estatal de Educación que supere el 4%. O sea, que el financiamiento en dicho sector dependerá del comportamiento económico, según las recientes declaraciones de Paredes.
Con razón muchos especialistas cuestionan las afirmaciones del titular, en el sentido de que si el Estado no ha cumplido con lo que establece el artículo 197 de la Ley General de Educación 451-08 y sólo se prevé un 2.5% del PIB para 2009, ¿cómo va a lograrse en 2014, lo que hasta ahora ha sido una y otra vez pospuesto?
