La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral y la Fiscalía del Distrito Nacional redoblarán sus esfuerzos en la persecución del delito en lo relativo a la falsificación de actas de nacimientos, declaraciones tardías y la suplantación de ciudadanos en las cédulas de identidad y electoral.
El doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Cámara Administrativa de la JCE y Alejandro Moscoso, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, a partir del próximo lunes será designado un representante del Ministerio Público que de manera permanente trabajará con el personal de Inspectoría de la JCE para investigar cualquier alteración que pueda ocurrir en la expedición de documentos del organismo electoral.
Conjuntamente con esta labor la Fiscalía agilizará casos de expedientes de declaraciones tardías que todavía permanecen en esa dependencia a fin de agilizar el proceso y entregar sus actas a personas que desde hacen mucho tiempo esperan sus documentos, sobre todo los menores de 16 años.
El acuerdo de trabajo entre la Fiscalía y la Junta Central Electoral va referido además al programa de Captura de Datos Biométricos, huellas dactilares y firmas que ya se opera en todo el país y que de manera total el Ministerio Público respalda.
Para esos fines la Cámara Administrativa instalará una unidad móvil en el edificio de la Fiscalía del Distrito para brindar el servicio no sólo a los funcionarios y empleados que laboran en esa dependencia, sino a cualquier ciudadano que visite el lugar.
Con relación al proceso que seguirá las investigaciones en torno a las falsificaciones de documentos el magistrado Roberto Rosario Márquez, aseguró que los que resulten culpables tendrán que responder a la justicia.
“No es posible que la gente este falsificando actas o cedulas, que simplemente se anulen o se cancelen y que quienes cometan ese delito puedan seguir actuando de manera libre en la sociedad, esa investigación va a tocar tanto a las personas involucradas de fuera, como al personal de dentro que podría ser beneficiario por cometer ese tipo de adulteraciones”, afirmó Rosario Márquez.
Por su parte, el doctor Moscoso aseguró que prestará atención a aquellos casos que son de interés publico, en donde la Fiscalía tiene que actuar de oficio como son las alteraciones o las falsificaciones de documentos públicos y que implica a personas a lo interno de la JCE, como de ciudadanos que se presten a la alteración de documentos públicos porque esto desde el punto de vista judicial favorece el ocultamiento si se quiere de las actividades criminales.
