Las cifras de mujeres muertas en manos de sus parejas y ex parejas siguen siendo alarmantes en República Dominicana, a tal punto, que en este año se han presentado 38 feminicidios más que en el 2007, lo que refleja un aumento significativo y preocupante.
En este 2008 se han presentado 102 casos de feminicidios íntimos y 52 no íntimos; el año anterior, sólo fueron 64. El total de mujeres asesinadas por sus cónyuges desde el año 2005 a la fecha es de 330; 84 en 2005; 80 en 2006; 64 en 2007 y 102 en el 2008.
Aracelis Peralta Franco, coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia del Departamento de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional, explicó que las cifras se dividen en dos: feminicidios íntimos y no íntimos.
“Y los feminicidios generales son la muerte de una mujer en cualquier circunstancia. Ahí estamos hablando, por ejemplo, en una discoteca donde una persona dispara y mata la mujer; esos son feminicidios generales; pero no íntimos”, explica Peralta Franco.
Los feminicidios íntimos, según la experta, son propiamente de la violencia intrafamiliar y ocurren con todas las características: donde hay un sentimiento afectivo y una relación de poder.
Indicó que en la Fiscalía del Distrito Nacional tratan de dar confianza a las denunciantes de que sus casos serán resueltos con objetividad y en el menor tiempo posible.
“En el Distrito Nacional no tenemos ningún caso donde, después que las mujeres han ido a denunciar, hayan sido víctimas, porque damos un seguimiento especial”, explicó.
Peralta Franco, quien se entrenó con el FBI en manejo de la escena del crimen, instó a la Policía Nacional y al Ministerio Público trabajar unidos para evitar que la alarmante cifra de feminicidios que se presentan a nivel nacional aumente en el futuro.
Armas de fuego
De los 102 casos de feminicidios que se presentaron este año, siete fueron cometidos por miembros de la Policía Nacional y cinco por personas que pertenecían a una institución militar. “O sea, que es una amenaza hacia la mujer el hecho del porte de las armas de fuego”.
La Fiscal Adjunta instó a la Policía y los cuerpos castrenses a evaluar las personas antes de pertenecer a esas instituciones y darles un arma de fuego. “En muchos casos también hay guardianes que quieren llegar a una compañía de seguridad para tener un arma y cometer el crimen”.
Dijo que cuando una mujer denuncia que está siendo víctima de violencia y el marido porta armas de fuego, se procede hacer las investigaciones de lugar y estudios psicológicos, para demostrar su peligrosidad, antes de retirarle el arma de fuego.
Indicó que hasta el momento, 210 hombres han sido desarmados y canceladas sus licencias para portar armas de fuego, por maltratar física y verbalmente a sus esposas.
Aplaudió que la Secretaría de Interior y Policía emitiera una resolución que prohíbe expedir armas de fuego aquellos hombres que hayan sido denunciados o tengan algún sometimiento a la justicia por violencia intrafamiliar.
¿Quién se queda con los hijos?
“No siempre los hijos se van con la madre; por eso le explico que cada caso es especial. Hay casos en que los niños tienen que ir con su papá; aunque haya sido el agresor. Todos los casos tienen que ser investigados y más aún cuando se determina sobre quién estará con los niños. La persona que esté con los niños (el padre o la madre) tiene que ser la más idónea, la más indicada y la que pueda proteger más a sus hijos”, explicó.
Otro aspecto que tocó la magistrada durante una entrevista en el marco del Desayuno de Multimedios DominicanosHoy.com, fue el de los hombres que denuncian que fueron golpeados por sus mujeres.
“Vamos a buscar realmente si un 14.5% son víctimas de violencias. Nosotros encontramos ahí muchas situaciones: donde la violencia era reactiva. Teníamos casos donde el hombre era quien había denunciado una violencia física; pero cuando evaluábamos e investigábamos, resulta que la mujer tenía 20 años siendo maltratada”, dijo.
Explicó que esas son situaciones de desequilibrio emocional y, entonces, ahí no se puede hablar de violencia cruzada ni que la mujer es agresora, sino de una violencia reactiva, o sea que la fémina reaccionó en ese momento.
“Aunque con eso no justificamos la violencia con la violencia, eso es imposible; la mujer lo que tiene que hacer es buscar ayuda para resolver ese problema. Nosotros también tomamos medidas, en los casos que ameriten en contra de la mujer; pero en su justa dimensión”, sostuvo.
Mala aplicación Código Procesal Penal
La doctora Aracelis Peralta Franco destacó los avances logrados mediante la implementación del nuevo Código Procesal Penal; pero indicó que la mala aplicación de los actores de la justicia impide que se logre una sentencia condenatoria.
Aseguró que la sociedad ha hecho la transformación del viejo sistema inquisitorio que había y se está haciendo el cambio necesario para ir asimilando el Código Procesal Penal, que no es el problema.
“El Código es excelente, lo que hay que evaluar somos los actores, o sea, si tengo una investigación completa sobre un hombre que mató a su mujer y tengo los elementos probatorios, nadie me soltará ese hombre, en absoluto”, explicó.
Sostuvo que con el sistema inquisitorio, el juez aplicaba su íntima convicción; “o sea, yo le llevaba el caso, no se valoraban los elementos de prueba y el juez hacía lo que pensaba”.
Indicó que lo que cuenta son las pruebas que se aporten para demostrar el hecho y que por la pobre recolección de las pruebas es que se escucha en los medios que “alguien cometió un delito y está suelto y no se explican el porqué”.
“Si yo no presento las pruebas o no puedo obtenerla, o a veces hay malas actuaciones de la persona que actúa en la primera investigación, esa prueba no se puede hacer valer nada. Lo que prima ahora son las garantías, es un derecho garantista, para poder llevar un debido proceso”, expuso.
Dijo que el Código es una medida extrema, es decir, que si se tiene la garantía de que el imputado se presentará en todo el proceso y el hecho no es grave, se solicita una garantía económica y se cercioran de que no abandonará el país.
“Anteriormente, la víctima y el imputado no jugaban ningún papel, o sea, nosotros apresábamos sin solicitarle nada al juez de garantía y se cometían muchos atropellos; pero ahora no, porque hasta que una persona no sea declarado culpable es inocente”, explicó.
Peralta Franco declaró que si en un proceso, el fiscal actuante no reúne los elementos de pruebas necesarios, porque muchas veces la escena del crimen ha sido vulnerada, será en vano llevar el caso, porque al final habrá un descargo; “pero eso no es culpa del Código”.
Capacitación
“La fiscal que entra al departamento tiene que hacer un diplomado en violencia de género en la universidad INTEC o en la PUCMM, ese es el primer paso, porque no podemos estar trabajando en este tema y no tener la perspectiva de género”.
Indicó, además, que ninguna de las fiscales que laboran en el Departamento de Violencia Intrafamiliar es parcial, sino que tratan de laborar con la mayor objetividad posible.
“Tenemos que estar capacitados para poder manejarnos en cualquier escena y cualquier terreno. Somos directores de la investigación y así podemos coordinar bien el trabajo con la Policía”, dijo.
Indicó que las fiscales adjuntas cuentan con la debida capacitación para que inmediatamente ocurra un hecho punible, puedan dirigirse al lugar y recoger toda la evidencia de manera legal, observando todas las garantías del imputado. “Así podremos presentar las pruebas y lograr la condena”.
“Buscamos que desaparezca la impunidad y que las mujeres puedan confiar en la Fiscalía”
“Atendemos a todas las mujeres y hombres, tanto del Distrito Nacional, como de la provincia Santo Domingo, a fin de proveerles lugares que respondan a su atención integral. Es decir, que en un solo sitio la víctima de violencia encuentre todos los servicios que necesite.
“Allí contamos con el médico legista para certificar los daños que ha recibido; un departamento de psicología, con dos áreas, que lleva a cabo estas primeras intervenciones, pues ocurre que las víctimas llegan en un estado de inquietud y en esas primeras etapas requieren de una atención especializada”.
“También contamos con los psicólogos forenses que nos apoyan en la instrumentación del caso y robustecen las pruebas que podríamos llevar a juicio, de acuerdo a la decisión de proceder en contra del imputado”.
“De manera que contamos con toda esta estructura, a fin de que cuando la persona se dirija a nosotros, no tenga que incurrir en gastos, pues todos los servicios son gratuitos y en muy poco tiempo podemos tener conformado un expediente”.
“Sobre las cifras, cuando iniciamos el proyecto de las Fiscalías barriales, a finales de 2004, el número de mujeres que denuncian aumentaron. Para ese año recibimos más de 10,800 casos. Eso lo atribuimos a que ellas tuvieron la oportunidad, al ubicarse dichas Fiscalías en su sector, de acceder a un servicio de inmediato y hubo un papel de esta institución más comunitario, que favorece a esa facilidad para que la persona maltratada encauce con prontitud su querella”.
“Para 2007, aumentaron las denuncias, con unos 11, 837 casos y para lo que va de año, ya tenemos 8,316 reportes. De este total que les he ofrecido hay cantidades que se mantienen constantes. Un 14,5% son hombres que denuncian a su pareja y el 86% restante son mujeres”.
Más violencia verbal
“Los casos que más nos llegan son de violencia verbal. Es importante esto, porque antes se denunciaba más la violencia física. O sea, las mujeres incurrían más en la espera de que ocurriese el maltrato a su persona desde el punto de vista físico. Pero, ahora mismo tenemos el ejemplo de que se han formulado 2, 513 denuncias de violencia física y 2, 694 de violencia verbal”.
“Es decir, que la mujer acude a la Fiscalía antes de que ocurra un episodio de violencia física. Ella busca ayuda antes de llegar a situaciones extremas. El número de violencia psicológica se incluye en las verbales. Se ha determinado que una es parte de la otra”.
¿Cómo se comprueba que realmente ha existido una violencia verbal?
“Justamente por eso enmarcamos la violencia psicológica dentro de la verbal, pues dentro del cuadro familiar es muy difícil encontrar pruebas, porque las personas tienen temor. Algunos se cuestionan para qué proceder si esas personas, finalmente, se van a reconciliar y quien queda en el medio es precisamente quien ha figurado como testigo”.
“Cuando hay violencia física, esta puede constatarse a través de la manifestación de lesiones que duran un período de tiempo y son muy visibles. Pero, en el caso de la psicológica, precisamente para eso contamos con los especialistas, psicólogos que definen si esa mujer aplica en lo que se denomina síndrome de la mujer maltratada, si es mujer y también si es hombre.
¿Qué ocurre después de la denuncia?
“Esta es una pregunta que siempre inquieta y trae muchas reflexiones. La mujer piensa que después de la denuncia corre más peligro. Nosotros, en el Distrito Nacional, jurisdicción que nos corresponde, realizamos una política de atención inmediata.
“O sea, tomamos medidas de protección con la mujer desde el mismo instante en que ella pone la denuncia. Entiéndase que me refiero más a las féminas, porque son mayoría en los casos de maltratos”.
“Esas medidas de protección implican que la mujer no retorne al lugar donde ocurrió el acto de violencia. Inmediatamente, se evalúa el caso y si la situación es de alta peligrosidad, contamos con un proceso de atención permanente, que iniciamos vía telefónica. O sea, comunicamos con el agresor, pero con la mujer bajo nuestro cuidado”.
“Le solicitamos conversar con él acerca del hecho que ella ha planteado y que deseamos escucharle, por lo que le invitamos a pasar por el departamento de manera inmediata.
“Este sistema nos ha dado excelentes resultados, porque el hombre determina que se le quiere escuchar y sabe que si no acude a la cita, entonces estamos obligados a buscarle donde quiera que se halle”.
“También ese hombre pasa por un proceso de atención, similar al de la mujer. Es tratado por el departamento de Psicología, donde se le aplican unas pruebas y se verifica cuál es su situación: si se encuentra en un estado depresivo, o en posibilidad de controlar su ira”.
“Se aplican una serie de medidas inmediatas y de acuerdo a las conclusiones la mujer regresa al hogar. El no puede hacerlo y se le emite una orden de protección a ella, de manera que no se acerque hasta que lo decidamos”.
“La medida de prevención de libertad es en verdad extrema. Sólo en los casos que amerite ir a prisión esto ocurre, por el período que determine el juez, pues nosotros, con todos los elementos de prueba, con las evaluaciones psicológicas y el certificado médico procedemos”.
Todo esto es en relación con el Distrito Nacional; pero, ¿qué está sucediendo en el país en general?
“Los datos que tenemos de la provincia Santo Domingo son muy elevados. Ellos manejan también una población mayor que el Distrito Nacional; pero, en el interior del país hay datos alarmantes, es el caso de La Vega, donde hay mucha violencia, al igual que en Santiago de los Caballeros y en otras muchas localidades”.
“Pero, la situación es que la Procuraduría se está ocupando para que este equipo de trabajo, del cual he hablado, exista en todo el país. Ya contamos con 14 unidades que emplean este mismo sistema”.
“El personal que se nombra para trabajar en estos departamentos es entrenado por nosotros mismos, a fin de aplicar similar sistema en el resto de las provincias del país, que ya suman 14, como dije anteriormente”.
“Es el Distrito Nacional el que tiene la estructura más completa, porque aparte de la unidad de atención, contamos con las 14 Fiscalías barriales donde efectuamos el mismo modelo de atención que en la unidad”.
