El Senado aprobó en primera lectura y con modificaciones el proyecto de ley que establece un tope a las exoneraciones de vehículos de los legisladores, que tendrán un límite máximo de 70 mil dólares.
Si los 190 diputados obtendrán 2 millones 800 mil pesos por dichas gracias, multiplicada esa cantidad por el número de legisladores en la Cámara Baja, esto representaría una cifra de 532 millones de pesos, que dejarán de entrar a las arcas del Estado.
Si esta misma operación matemática se aplica a los 32 senadores de la República, obtendríamos un total de 89 mil 600 millones de pesos. La pregunta es si el país está en condiciones de pagar de los malnutridos fondos públicos este lujo innecesario a quienes debían legislar con austeridad a favor de esa población que los eligió, les carga sobre sus hombros y apenas tiene el dinero mínimo para la canasta básica del hogar: unos, en tanto que otros ni siquiera pueden aspirar a una comida diaria.
Encima, tanto los educadores, como el personal de Salud Pública, policías y otros sectores exigen un aumento salarial, que comparado con lo anterior es risible. Sin dejar de mencionar que la instrucción a niñas, niños y adolescentes sufre porque el 4%, alcanzado con tantas batallas, aun adolece de inversiones para lograr en verdad una educación a la altura de estos tiempos.
Nada, que la cuenta no da y quienes debían profetizar con ejemplos, repiten sin pudor: “donde dije digo, digo Diego…”. Algo así.
¿Exoneraciones?
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