Yo no sé si usted lo ignora, probablemente no, quizás sí; pero de acuerdo con las estimaciones de la DGII, en el Tribunal Superior Administrativo hay expedientes pendientes de fallos con recursos involucrados que alcanzan dos doces el presupuesto de la Nación.
Usted sabe, verdad, que esa suma asciende a más de 900 mil millones de pesos, unos 22 mil millones de dólares. ¿Cómo pudo llegarse a esa barbaridad? El truco fue simple y efectivo, como si hubiese sido estructurado por Leonel Fernández y Félix Bautista…: Cuando los empresarios no querían pagar, La DGII elaboraba un expediente por evasión de impuestos contra ellos, reclamándole el pago, y estos interponían un recurso de amparo que nunca sería fallado, pues todos se involucraron en su legal complicidad y, al nunca ser fallado, nunca hubo que pagar.
La loma de expedientes creció tanto que lleno un cuarto; se habla de que hay unos seis mil pendientes de fallos, una inmensidad tan grande que los operadores del sistema, y hablo de todos los involucrados, entienden que la única solución posible es que el cuarto coja fuego y que las cenizas al volar al aire resuelvan el dilema.
¿Podemos agregar al Tribunal Superior Administrativo, conocido también como Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Tributaria unos jueces que recuperen esos recursos para El Estado? ¿Estaría usted dispuesto a invertir 100 millones para recuperar 900 mil? Lo haríamos de la siguiente manera:
1- Nombraríamos por 6 meses a treinta y tres jueces, pagándole un salario de 150 mil pesos mensuales.
2- Se le daría un bono a aquellos jueces cuyas sentencias sean tan buenas que en un proceso de apelación fuesen ratificadas y un bono a aquellos jueces cuyas sentencias sean tan buenas que la parte contraria no vea futuro en apelación.
3- El 30 por ciento de lo considerado como salario se utilizaría para gastos administrativos.
La suma de esos tres elementos alcanza unos 100 millones en 6 meses, tiempo suficiente para que todos los expedientes sean fallados, pues estamos hablando de regular unas 46 sentencias diariamente, cosa que sin muchos inconvenientes pueden lograr 33 jueces.
Aun la DGII perdiendo el 25 por ciento de los expedientes, estamos hablando de que se podrían recuperar unos 600 mil millones. Pero digamos que los expedientes fueron mal elaborados, pues estaban sujetos a reglas mafiosas, y que la DGII pierde el 50 por ciento de ellos, aun así, Señor Presidente, hablamos de que le estoy poniendo en sus manos unos 450 mil millones de pesos.
Ya, anteriormente, en un trabajo titulado, “Presidente Medina: Caasd, agua, contadores e hidrantes”, le hice una sabia propuesta para enfrentarnos a nuestro aterrorizador dilema en materia de agua. El silencio fue su respuesta. Sé que usted es bueno refugiándose en “el muro del silencio”, pero hacerlo en esta oportunidad no es sabio, es una insensatez. Ligo los dos elementos porque resolver el dilema del agua en nuestra Capital lleva unos 700 millones de dólares y en esos expedientes está el dinero. Yo le juro, por mi madre y la suya que andan en los cielos, que por resolver ese dilema estoy dispuesto a trabajar gratis.
