Imputaciones síndico “tambalea” PRD en SDO

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Las acusaciones contra el síndico de Santo Domingo Oeste (SDO), Francisco Peña, hijo (Francis), a quien se le acusa de haber ordenado la muerte del supuesto narcotraficante Junior Javier Minaya (Gilbert), así como la vinculación con el “microcapo” Edwin Omar Cabrera González (El Muerto), ha movilizado la “artillería” del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la zona, por el temor de perder esa tradicional plaza política de la provincia Santo Domingo.
 
La situación es tan preocupante dentro de la dirigencia perredeísta en SDO, que, de acuerdo con los informes suministrados por una fuente de irrefutable crédito, ya se ha pensado en promover a Francisco Peña -padre del actual alcalde-, como la mejor alternativa para “salvar del precipicio” la Alcaldía de la región en 2016.
 
“Nosotros estamos como si no tuviéramos síndicos, porque ese hombre no atiende ningún reclamo de la comunidad. A él solo le gusta reunirse con su gente de can”, precisó un dirigente comunitario consultado por este medio.
 
Francis Peña fue electo síndico de Santo Domingo Oeste en mayo del 2010, por el PRD, en una pírrica victoria frente a su oponente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Andújar.
 
De acuerdo a la Junta Central Electoral (JCE), en esos comicios, Peña hijo sacó 50,047 votos (PRD y aliados), para un 50.21%; mientras que el candidato opositor, Andújar (PLD y aliados), obtuvo 48,632 votos, equivalente al 48.79%, con una diferencia de sólo 1.4% a favor del primero.
 
La elección de Francis Peña dista mucho del sufragio con más del 70% que en dos ocasiones logró su padre, para dirigir los destinos del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste (ASD0), durante los períodos 2002-2006 y 2006-2010.
 
Muertes de “El Muerto” y “Gilbert”
 
El 15 de este mes, “Gilbert” murió abatido en el sector de Manoguayabo, durante un supuesto tiroteo en ocasión de un operativo policial para su captura. Se le atribuyó ser un distribuidor de drogas en la zona de Guajimía, en Herrera, y haber ordenado el asesinato de Edwin Omar Cabrera González (El Muerto), con quien tenía una disputa por el control de puntos de ventas de sustancias prohibidas.
 
En tanto que, 13 días antes, el 2 de enero, había sido asesinado a tiros “El Muerto”, quien controlaba la venta de droga en la zona conocida como “El Pentágono”, del sector Las Palmas de Herrera. Fue liquidado junto a otras tres personas que estaban en el lugar donde se produjo el suceso.
 
Se dice que “El Muerto” tenía agentes policiales a su servicio. El propio jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, reveló que el día del sepelio del narcotráfico dos agentes policiales servían de espalderos a la hoy viuda del fenecido, por lo que fueron arrestados.
 
Los informes indican que Junior Javier Minaya “Gilbert” recibía protección de agentes policiales de servicio en el lugar, a los cuales les pagaba una “cuota semanal”, y que cuando se atrasaban arrestaban a algunos de los distribuidores hasta que se ponían “al día”.
 
Imputaciones
 
Iberia Germán, madre de Gilbert, acusó al síndico Francis Peña de haber ordenado la muerte de su vástago, en alegada venganza por la muerte del también narco El Muerto, quien supuestamente era socio del edil.
 
El día después de las denuncias de los familiares de Minaya, en una rueda de prensa, Francis Peña negó las acusaciones en su contra, así como cualquier vínculo con los fallecidos, o pariente cercano.
 
Dentro de sus declaraciones, el síndico expresó que esas declaraciones solo buscaban descreditarlo en la política, al tiempo que advirtió a las personas que se estuvieran aprovechando de los lamentables hechos ocurridos en el municipio para difamarlo, que rectificaran o, de lo contrario, procedería a someterlos judicialmente.
 
En el corto tiempo que viene desempeñándose como alcalde de Santo Domingo Oeste, Francis Peña ha sido blanco de varias denuncias: En septiembre de 2010, el subsecretario del ASDO, Ángel Sánchez, lo acusó de haber ordenado la irrupción en su oficina de un grupo de hombres fuertemente armados, quienes habrían causado destrozos y cargado con un maletín conteniendo documentos valiosos y dinero en efectivo.
 
Sánchez, un abogado miembro del Comité Municipal del Partido Revolucionario Dominicano, atribuyó la acción a represalias del síndico, quien le había atribuido ser autor de la denuncia sobre las cancelaciones de mil 500 empleados en ese cabildo.
 
El funcionario dijo que reclamó una explicación al consultor jurídico del Ayuntamiento y que éste admitió haber dispuesto la medida cumpliendo instrucciones de Peña, porque reveló las cancelaciones de empleados, incluyendo mujeres embarazadas, así como las suspensiones de ayudas estudiantiles asignadas en la pasada administración municipal que dirigía su padre.
 
En noviembre del mismo año, el periodista de ese municipio, Olmedo Jáquez -director del portal Trapiche Digital-, declaró que temía por su vida, debido a las amenazas recibidas por parte de personeros de muy mala reputación allegados a Francis Peña.
 
Jáquez atribuía la situación al hecho de sus críticas persistentes y tenaces de los males e irregularidades que se comenten en el lugar, ante la mirada indiferente y cómplice de los regidores de los partidos mayoritarios, que actúan en contubernio con el titular edilicio.
 
El comunicador responsabilizó a Peña de lo que le ocurriera a él, o a algún familiar, por lo que presentó una formal querella ante la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo.
 
Dentro de las revelaciones del periodista se encontraban el cobro ilegal de arbitrios, que no iban a parar a las cuentas del Ayuntamiento, las amenazas por parte de regidores y regidoras a empresas que continúan ampliando sus instalaciones en el municipio y que han pagado sus impuestos, por el simple hecho de que no les han nombrado personas afines.
 
En octubre de 2011, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), sometió ante el Tribunal Superior Administrativo recursos de amparo contra cuatro alcaldes, dentro de ellos Francisco Peña hijo, ante la negativa de entregar informaciones solicitadas, consistentes en el presupuesto correspondiente a ese año; ingresos en general; nóminas de personal fijo, temporeros, ocasionales, regidores; contratos otorgados a compañías de recolección y disposición final de desperdicios, entre otros.