Armas de fuego contribuyen a la violencia cotidiana

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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República Dominicana vive un momento particularmente violento. En los últimos meses el incremento de la delincuencia en las calles ha aumentado, lo que obliga a muchas personas a resguardad su seguridad y para ello optan por adquirir un arma de fuego, las cuales son otorgadas sin muchos requisitos, ni una evaluación exhaustiva que garantice al solicitante cumplir con todos los requisitos necesarios para su porte.
 
Lo anterior conlleva a que en muchos casos estos artefactos caigan en manos equivocadas, convirtiéndolos en un mal que contribuye a la inseguridad ciudadana.
 
El acceso para obtener una licencia de porte y tenencia de pistolas, revólveres y demás calibres, otorgada por el Ministerio de Interior y Policía (MIP), es tan sencillo como adquirir recibos de impuestos internos, gastos operativos SEIP, carnet fotográfico, fideicomiso, depuración, certificación psiquiátrica, lo que en conjunto asciende a un costo de RD$6,240.00 .
 
Además de estas exigencias, no existe una dependencia que vigile su uso, o de seguimiento a los que la portan, ya que en muchos casos coexisten quienes creen tener derecho a poseerlas, no solo por seguridad, sino también para imponer poderío.
 
No cabe dudas de que en todos los países del mundo, el crimen crece por la facilidad del acceso a las municiones y República Dominicana no es la excepción. Según un informe ofrecido por el Instituto Caribeño para el Estado de Derechos (ICED), el 68% de las personas que adquieren algún tipo de armamento, lo utilizan para resolver conflictos personales.
 
La investigación reveló, además, que el costo promedio de una pistola calibre 38 milímetros, una de las más usadas, es alrededor de RD$50 a 60 mil. Según la base de datos de las Naciones Unidas, en el año 2006 el país importó cerca de US$40 millones en armas, tanto de uso oficial, como para la venta.
 
El psicólogo forense Wilfredo Mora explica que el problema no es de la presente generación, sino de la inopia del progreso social. La conciencia que existe sobre el tema está siendo tomada en cuenta incorrectamente, debido al enorme volumen de inseguridad social.
 
Mora indicó que los científicos sociales hablan de una cultura de violación, a la cual la criminología le ha agregado la implantación de políticas locales de prevención del fenómeno: “Al gobierno corresponde la creación de estrategias criminales eficaces, flexibles y de fácil acceso” enfatizó.
 
A principios del año 2012, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley para el control y regulación de municiones y explosivos, el cual busca endurecer drásticamente las penas por su uso, tenencia y comercialización ilegales.
 
La iniciativa posee un capítulo relativo a las armas blancas, punzantes y contundentes. Además, se restringe el uso de aquellas con capacidad de disparar ráfagas y lanzar granadas.
 
Estados Unidos es la nación con mayor número de dichos artefactos; según datos estadísticos existen 88 por cada 100 ciudadanos, con lo que se convierte en el de mayor tasa de posesión en el mundo.
 
Pero todo esto podría cambiar, ya que legisladores de California presentaron tres iniciativas de leyes para controlar la venta y posesión de los instrumentos y municiones y se preparan para anunciar una más que podría enmendar la Constitución a fin de prevenir más violencia.
 
Todo esto está motivado por hechos que han conmovido la sociedad norteamericana: cuatro tiroteos con fusiles automáticos dejaron por lo menos 33 muertos en una semana. Hace unos días un sujeto disparó contra clientes en un centro comercial en Oregón, donde mató a dos personas e hirió a una adolescente antes de quitarse la vida con un fusil automático.
Al día siguiente otro individuo disparó a discreción contra estudiantes de primaria en Connecticut, matando a 20 niños y seis adultos antes de morir.
 
Un día después, en el estacionamiento de un centro comercial en California, un sujeto lanzó una ráfaga de 50 disparos, presuntamente como un acto de desahogo emocional, agobiado por problemas personales.
 
En las enmiendas constitucionales establecen que las municiones sólo se podrán vender a quienes obtengan un permiso anual del Departamento de Justicia de California y únicamente si la institución confirma que el comprador carece de antecedentes penales y mentales.
 
Vale recordar que las armas de fuego son instrumentos fabricados exclusivamente para matar, por lo que obtener una licencia para su porte debería ser más restringida y con mayor control. Lamentablemente, su venta es un negocio muy lucrativo para muchas potencias.
 
Para el ministro del Ministerio de Interior y Policía, José Ramón Fadul, el desarme de la población no es la vía para combatir la delincuencia, porque la mayoría de los delitos son cometidos con armamentos regulados, de los cuales existen en la actualidad unas 208 mil legales; pero, se estima que de manera ilegal la cifra podría ser significativamente mayor.
 
Las indicadas han estado presentes en el 68 por ciento de los crímenes registrados en el país, porcentaje que se agranda hasta en un 99% cuando se trata de casos de sicariato.