Nada satisfactorio significa que siete proyectos anticorrupción, sometidos por los senadores Charlie Mariotti, José Rafael Vargas y Julio César Valentín, estén esperando que los diputados les den curso. Y sobre todo en momentos en los cuales el país vive las reminiscencias de actos que rechazan con fuerzas la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
Si “la creación de un plazo razonable de los instrumentos que llenarían un vacío jurídico, significan un paso clave en la prevención de la corrupción”, ¿por qué retrasamos lo que significa para el país urgencia?
Para la sociedad dominicana, el presidente Danilo Medina, a partir de su discurso de toma de posesión y la manera en que se ha manejado hasta la fecha, está decidido a operar con pulcritud y transparencia los recursos del Estado; pero, para nadie es noticia que la falta de apoyo de quienes le acompañan en su Gobierno, constituiría grave error.
Ni la Cámara de Diputados, ni nadie debe “empantanar” proyectos de ley como estos sobre declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito, ley orgánica de la Cámara de Cuentas, fiscalización y control de la función pública y otros aspectos afines a la prevención de la corrupción, porque desaparecerían las pocas armas con las cuales podría lucharse en esta batalla imprescindible contra un flagelo que ha calado hondo en República Dominicana.
No soplan bien los vientos, a favor del presidente Medina si, encima de andar con las mismas fuerzas de otrora, las medidas y proyectos de fiscalización y control y de integridad en la función pública se dilatan en su cumplimiento.|
Retrasos de leyes: Peligro
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